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Archive for 27 noviembre 2008

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19 ciudades han celebrado hoy la consolidación del movimiento objetor más importante de la historia de España

Madrid, 26 de noviembre de 2008.  Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España Educación para la Ciudadanía (EpC), un conjunto de asignaturas que ha despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española. Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la educación de sus hijos.
 
El resultado de este movimiento cívico es que, a fecha de hoy, se han presentado 50.420 objeciones de conciencia (correspondientes a otros tantos alumnos) correspondientes a todas las comunidades autónomas y también a Portugal, país en el que se han registrado 21 objeciones de españoles que llevan a sus hijos al Instituto Español de Lisboa.
 
Por comunidades autónomas, Madrid suma el mayor número de objeciones a EpC (14 865), seguida de Castilla-La Mancha (9 312) y Andalucía (8193). Estos datos, recopilados por Profesionales por la Ética, han sido presentados hoy en ruedas de prensa celebradas simultáneamente en 19 ciudades españolas (Soria, Palma de Mallorca, Toledo, Salamanca, Segovia, Lucena, Barcelona, Almería, Cartagena, Valladolid, Jaén, León, Ciudad Real, Logroño, Santander, El Puerto de Santa María, Córdoba, Badajoz y Pamplona).
 
Según Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de Objeción a EpC de Profesionales por la Ética, las más de 50 mil objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres, que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos.«Durante los últimos meses», ha asegurado, «los objetores han sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos les ha ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes… En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que los objetores son sólo ciudadanos que exigen respeto para ellos y sus hijos. Nada más».
 
Según Tamayo, este es el movimiento objetor más importante de la historia de España y sus protagonistas son los padres y madres que, espontáneamente, han creado 73 plataformas. «Desde Profesionales por la Ética», asegura, «vamos a seguir prestando toda la ayuda que precisen los objetores porque sólo tenemos un propósito: ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación. Confiamos en que el Tribunal Supremo confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos acudir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo».
 
Con motivo de las 50 mil objeciones a Educación para la Ciudadanía, Profesionales por la Ética ha distribuido un vídeo en homenaje a los padres objetores. Puede verse en
 
https://profesionalescomunica.wordpress.com/
 
y descargarse (en versión calidad para emisión) en
 
http://www.sendspace.com/file/xjv6lz

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Entrevista a Lourdes Ruano, catedrática de la Universidad de Salamanca
 
Madrid, 24 de noviembre de 2008. La asociación Profesionales por la Ética está realizando entrevistas a expertos de diversos ámbitos con el fin de recabar su opinión en torno a las asignaturas genéricamente denominadas Educación para la Ciudadanía y al derecho a la objeción de los padres.
 
Entre estos expertos se encuentra Dª Lourdes Ruano Espina, Catedrática de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y autora de medio centenar de publicaciones (libros, monografías, artículos).
 
De la entrevista (que se reproduce íntegramente al final de la nota), entresacamos las siguientes frases:
 
Llama la atención que, en el caso español, los alumnos de Educación para la Ciudadanía (EpC) no vayan a ser evaluados no por sus conocimientos, sino por sus actitudes, comportamientos y juicios de valor sobre determinadas cuestiones o por los argumentos que utilicen en torno a dilemas y conflictos morales.
La materia está concebida y organizada como una doctrina general sobre el hombre, en su dimensión personal, íntima y social.

Los padres que objetan a EpC no actúan por mero capricho; se encuentran ante el verdadero dilema de que sus hijos tienen que cursar un conjunto de asignaturas que, tal como han sido configuradas en el sistema escolar español, no constituyen una enseñanza neutral sino que en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, implican un adoctrinamiento moral.
 
Si los alumnos tienen suficiente madurez (normalmente, a partir de los 16 años de edad) podrán presentar también ellos mismos su objeción de conciencia frente a esta materia, ya que los menores son titulares de sus derechos fundamentales.
 
 
ENTREVISTA COMPLETA
 
PREGUNTA (P)
¿Cuál es el la raíz de la polémica sobre EpC cuando estas materias escolares están impuestas en toda Europa?
 
RESPUESTA (R)
 
La educación para la ciudadanía democrática ha sido un objetivo prioritario de las políticas educativas en los países europeos desde mediados de los años 90. Ya en 1997 los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, reunidos en Estrasburgo, manifestaron su voluntad de desarrollar una educación que esté basada en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y la participación de los jóvenes en la sociedad civil. En el contexto europeo, esta educación está contemplada de forma muy general y tiene por objeto la adquisición de una cultura política y jurídica basada en el conocimiento de las instituciones sociales, políticas y cívicas, así como los derechos humanos. Entre los contenidos se incluyen los derechos y deberes de las personas como ciudadanos europeos, la historia del proceso de integración de la Unión Europea, o el funcionamiento de las instituciones europeas e internacionales. En España, sin embargo, la materia conocida genéricamente como EpC, está cargada de connotaciones ideológicas concretas. Llama la atención que, en el caso español, los alumnos vayan a ser evaluados no por sus conocimientos, sino por sus actitudes, comportamientos y juicios de valor sobre determinadas cuestiones o por los argumentos que utilicen en torno a dilemas y conflictos morales.
 
(P) ¿Cree Vd. que EpC tiene intención de adoctrinar o, por el contrario, se trata de un riesgo que se ha magnificado?
 
(R) La materia está concebida y organizada como una doctrina general sobre el hombre, en su dimensión personal, íntima y social, que parte de una concreta antropología, y persigue sin ambages la construcción de una ética común basada en unos principios éticos y morales que han de regir la conducta humana.
 
Los promotores de estas asignaturas, empezando por el Ministerio de Educación, han dejado claro que su fin es formar las conciencias de los alumnos, sobre la base de unos valores que, se considera forman parte de un mínimo común ético. Hay que recordar que el Consejo de Estado, al dictaminar sobre el desarrollo legislativo de Educación para la Ciudadanía, ya advirtió que no podían formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la Constitución, o sean presupuesto corolario indispensable en el orden constitucional.
 
(P) ¿Cree Vd. que los padres tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia en el caso de EpC?
 
(R) La objeción de conciencia es una concreción del derecho fundamental a la libertad de conciencia, que implica no solamente el derecho de toda persona a formar libremente su propia conciencia, sino también a obrar conforme a los imperativos de la misma. Es, por tanto, un derecho constitucional, que deriva del art. 16.1 CE, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. En la objeción de conciencia subyace siempre un conflicto entre el deber de obediencia a la norma legal y el deber de resistirse a su cumplimiento, que impone la norma moral o ética. En el caso de la  EpC, los padres que objetan no actúan por mero capricho; se encuentran ante el verdadero dilema de que sus hijos tienen que cursar un conjunto de asignaturas que, tal como han sido configuradas en el sistema escolar español, no constituyen una enseñanza neutral sino que en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, implican un adoctrinamiento moral en una ideología y antropología concretas, contraria a sus personales y serias convicciones.
 
Por otra parte, al imponerse esta materia con carácter obligatorio, se está vulnerando el derecho fundamental que asiste a los padres de elegir para sus hijos la educación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, garantizado por el at. 27.3 CE, el art. 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y por numerosos tratados internacionales. Esto supone una grave intromisión del Estado en un ámbito que no le compete.
 
Si los alumnos tienen suficiente madurez (normalmente, a partir de los 16 años de edad) podrán presentar también ellos mismos su objeción de conciencia frente a estas materias, ya que los menores son titulares de sus derechos fundamentales.

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OBJECIÓN DE CONCIENCIA A  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES

La polémica desatada con motivo de la introducción, en el sistema educativo español, del conjunto de asignaturas que integran el área de “Educación para la Ciudadanía” se ha traducido en casi 150 resoluciones judiciales, consecuencia de las acciones emprendidas por los padres en defensa de su derecho a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Con objeto de ayudar a clarificar la situación, el Área Jurídica de Profesionales por la Ética ofrece en este documento las conclusiones que cabe extraer de los pronunciamientos judiciales habidos hasta la fecha.

1.- Los Tribunales han confirmado que bajo el nombre de “Educación para la Ciudadanía” se agrupan un conjunto de asignaturas, entre las que figura la asignatura de Ética cívica de 4º curso de la ESO. Así se desprende, por ejemplo, de las Sentencias 197/2008 del TSJ de Asturias, de 11 de febrero, en sus Fundamentos de Derecho 1 y 3, 267/2008 del TSJ de Andalucía, de 29 de julio, que en el Fallo señala expresamente que los recurrentes no deben cursar la asignatura “en ninguno de los cursos en que se imparte”, o 627/2008 del TSJ de las Islas Baleares, de 5 de noviembre, que en su Fundamento de Derecho 4º pone de manifiesto cómo Educación para la Ciudadanía “comprende en propiedad tres asignaturas distintas”: Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (“que se imparte en tercer ciclo de Educación Primaria y en uno de los tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria”), “Educación Ético-Cívica que se imparte en 4º de ESO”, “Filosofía y Ciudadanía que se imparte en un curso de Bachillerato”.

2.- Los Tribunales, con independencia de si han dado o no la razón a los padres, han confirmado que el contenido de Educación para la Ciudadanía incide en las convicciones morales de los pares y alumnos. Así se desprende de las Sentencias 465/2008 del TSJ de Navarra, de 9 de octubre, en sus Fundamentos de Derecho Sexto y Séptimo, 627/2008 del TSJ de las Islas Baleares, de 5 de noviembre, en sus Fundamentos de Derecho Cuarto y Quinto, la del TSJ de Andalucía que resuelve el Recurso 787/2007, de fecha 4 de marzo de 2008, que en su Fundamento de Derecho Cuarto destaca cómo EPC tiene como finalidad “formar a los nuevos ciudadanos en los valores comunes”, 159/2008 del TSJ de La Rioja, de 8 de julio, que en su Fundamento de Derecho Cuarto admite que los contenidos de EPC “hacen referencia asimismo a la formación moral”, y en concreto la que el art. 27.3 de la Constitución considera que corresponde decidir a los padres.

3.- Todas las Sentencias recaídas hasta la fecha han reconocido que, cuando se ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia aun cuando no exista regulación legal al respecto. Este reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia aparece, como es de esperar, en las Sentencias que han dado la razón a los padres. Así, en la Sentencia del TSJ de Andalucía que resuelve el Recurso 280/2008, de fecha 24 de julio de 2008, podemos leer en el Fundamento de Derecho Tercero que “la ley puede regular el derecho a la objeción de conciencia, pero la falta de regulación, de reconocimiento legislativo, no puede impedir su ejercicio cuando están en juego derechos fundamentales” (en el mismo sentido se expresa este Tribunal en su Sentencia de 4 de marzo de 2008, entre otras muchas). Por su parte, la Sentencia 159/2008 del TSJ de La Rioja, de 8 de julio, es más tajantes, pues en su Fundamento de Derecho Tercero dice que “no es recibo afirmar que fuera de la previsión del art. 30.2 de la Constitución Española (objeción de conciencia para la exención del servicio militar) no cabe la objeción de conciencia”, pues dado que la Constitución pretende establecer “un estatuto completo de la libertad, efectivo por sí mismo, que no necesita de ningún complemento para ser operativa inmediatamente”, debe considerarse que “la objeción de conciencia es un derecho fundamental integrante del derecho fundamental de libertad ideológica”.

Pero es que además, cuando los Tribunales no han amparado a los padres (en algunas ocasiones, por cuestiones procesales relacionadas con la prueba), también han reconocido el derecho a la objeción de conciencia. Así, por ejemplo, en las Sentencias 197/2008 del TSJ de Asturias, de 11 de febrero, en sus Fundamentos de Derecho Cuarto y Quinto, 937/2008 del TSJ de Asturias, de 24 de julio, donde señala que “el derecho a la objeción de conciencia por razones ideológicas o religiosas ha sido admitido por el Tribunal Constitucional” (Fundamento de Derecho Quinto), 627/2008 del TSJ de las Islas Baleares, de 5 de

noviembre, en su Fundamento de Derecho Tercero, que explícitamente resalta que “el propio TC reconoce que la objeción de conciencia es un verdadero derecho constitucional, esté o no regulado cada supuesto por una norma legal”, o la 465/2008 del TSJ de Navarra, de 9 de octubre, que tras repasar en su Fundamento de Derecho Tercero la jurisprudencia constitucional sobre objeción de conciencia concluye que “los motivos de conciencia tienen operatividad ad extra en el ordenamiento”, por lo que existe el derecho a la objeción de conciencia, en el sentido de que “ante un conflicto conciencia-deber jurídico habilita al sujeto a exigir del Estado (de los jueces en concreto) cuando menos su ponderación”, esto es, ver cómo afecta el contenido de la norma que impone dicho deber a la conciencia, pudiendo declararse la exención del mencionado deber jurídico.

4.- Los jueces han reconocido que la escolarización en centros con un ideario compartido por los padres no supone una garantía frente al carácter adoctrinador de Educación para la Ciudadanía. En efecto, el TSJ de Andalucía, en su Sentencia de 29 de julio de 2008, ha recordado en su Fundamento de Derecho Cuarto que “la ley y sus disposiciones de desarrollo no prevén la supresión de la asignatura ni su modificación cuando sea impartida en un centro de determinadas características, en este caso católico. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son los mismos siempre”. De esta doctrina ha deducido la siguiente consecuencia: “el derecho a objetar a la asignatura no puede depender de que se imparta en un centro público o privado con un ideario definido”.

5.- Los Tribunales han señalado que no se puede imponer en una norma la distinción ética pública – ética privada. Así, la Sentencia del TSJ de La Rioja 159/2008, de 8 de julio, ha recordado que “la Constitución no distingue entre una ética pública y una ética privada”, aparte de que “no puede imponerse una adhesión positiva al sistema constitucional” (Fundamento de Derecho Cuarto).

6.- Las Sentencias que reconocen el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía declaran que los alumnos objetores “no deben cursar la asignatura en ninguno de los cursos que se imparte, quedando exentos de ser evaluados de la misma y apareciendo en sus expedientes como no cursada, sin merma alguna de sus currículos académicos”. Así aparece en los Fallos de las Sentencias del TSJ de Andalucía (de 4 de marzo o de 29 de julio de 2008, entre otras) o del TSJ de La Rioja de 8 de julio de 2008.

 

Madrid, 18 de noviembre de 2008.

 

 

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