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Archive for 23 diciembre 2008

Los niños tienen derechos

Caso Ferrín: la ideología por encima de la ley
La legislación española sitúa el interés superior del menor como principio básico del ordenamiento jurídico, tal y como lo establece, entre otros, el Convenio de Naciones Unidas de Derechos del Niño, ratificado por España. En su Artículo 3.1  de dicho Convenio se establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
El juez de Familia Fernando Ferrín Calamita, ante la petición de adopción de una menor por una lesbiana unida legalmente con la madre de aquélla, y siguiendo el mandato de la ley, recabó informes psicosociales sobre la adoptante. Sin embargo, el citado juez se encontró con una ausencia de informes psicosociales solventes que le permitieran cumplir con el mandato que le impone el ordenamiento jurídico de velar por el interés superior de la menor.
 
Sin embargo la contaminación ideológica que ha tintado el caso, ha culminado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia fechada hoy 23 de diciembre, que condena al juez mencionado por un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante de desprecio de la orientación sexual a la pena de inhabilitación especial para cargo público por 2 años, 3 meses y un día, y una indemnización de 6.000 euros para la querellante.
 
Ante este hecho, Profesionales por la Ética quiere manifestar lo siguiente:
 
1)    Causa una verdadera alarma social el nivel de manipulación interesada del caso por los grupos de presión homosexual que perjudica  seriamente la imparcialidad de la justicia al admitirse que se coloque la ideología de género por encima del interés superior del menor, contrariando lo establecido en nuestro Derecho.
 
2)    Es inaceptable la ausencia de libertad que la presión de una minoría activista homosexual está originando en la labor extremadamente importante de jueces y otros funcionarios públicos,  que con profesionalidad quieren seguir las exigencias impuestas por la ley.
 
 
3)    Exige la imparcial aplicación de la ley y la tutela del interés superior del menor, aun cuando éste interés sea contrario a las pretensiones de los ideólogos y activistas de género.

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Plataformas de padres objetores de diferentes provincias andaluzas reclaman la dimisión de la consejera de Educación

 

  

Sevilla, 20 de diciembre de 2008. Hoy sábado unas trescientas personas se han concentrado en la Puerta de Jerez de Sevilla en solidaridad con los padres objetores cuyos hijos menores aparecieron en el BOJA.

 

Un grupo de niños difrazados de presos (a semejanza del “niño con el pijama de rayas”) y con el número del BOJA denunciado en el pecho han sido el telón de fondo de las diferentes intervenciones.

 

Arturo Gross, responsable de la Plataforma Educación y Libertad de Málaga ha remarcado la “calidad de este movimiento cívico por la libertad” y ha asegurado que “los padres llegaremos hasta los tribunales europeos, si es necesario, para defender la libertad de educación”.

 

Miguel Gómez de Agüero, de Profesionales por la Ética ha insistido en “la necesidad de defender la libertad de conciencia frente a la injusta intromisión del Estado” y ha solicitado la dimisión de la Consejera de Educación, Teresa Jiménez, por su grave responsabilidad en la publicación del nombre de menores en el BOJA.

 

J. Ignacio Martínez, representando al Foro de Laicos Asidonia y a las plataformas de padres objetores de El Puerto de Santa María, Chiclana y Cádiz, ha recalcado la “extraordinaria actuación de los padres objetores, siempre dentro de la ley y con un espíritu ciudadano ejemplar”

 

Mª Emilia García de Blanes, de la Plataforma “Córdoba educa en libertad”, ha destacado la “falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía hacia las familias objetoras”. 

 

Carmen Moris, madre objetora de Jaén y miembro de la plataforma “Jaén educa en libertad” ha relatado su itinerario en el Instituto de su hijo y cómo desde la dirección del mismo se le ha tradado de engañar sobre los contenidos de la asignatura.

 

Federico Die, presidente del Foro Andaluz de la Familia, ha afirmado que “nadie nos va a quitar a las familias el derecho a educar a nuestros hijos” y ha recordado a las autoridades su responsabilidad para ayudar a las familias desde el respeto a su libertad.

 

El acto ha sido cerrado por Juan María del Pino, presidente de FECAPA, que ha insistido en la “independencia de este movimiento ciudadano” y en la responsabilidad de toda la sociedad para que nuestras próximas generaciones sean verdaderamente libres. Asimismo, ha agradecido la Grupo Popular haber sido el único que en el Parlamento Andaluz ha reprobado a la Consejera por el asunto del BOJA. 

 

 

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Madrid, 18 de diciembre de 2008.  En el marco de su campaña promotora de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), la Fundación Cives (autora de la propuesta inicial de estas materias escolares) ha organizado en Granada una Jornada para profesores, técnicos e investigadores del ámbito educativo los días 7 y 8 de noviembre.

Como no podía ser de otra manera, el encuentro (patrocinado por la Junta de Andalucía) servía para defender el conjunto de materias denominadas Educación para la Ciudadanía.

En el transcurso de la misma, según información de http://www.fundacioncives.org citada en una nota de prensa que Profesionales por la Ética ha remitido a esta redacción, intervinieron las siguientes personas:

* Sebastián Cano, viceconsejero de Educación en Andalucía, quien acusó a los sectores conservadores de crear una fuerte polémica de carácter político e ideológico. “Estos sectores”, aseguró, “se resisten a perder el control de las conciencias”. Cano afirmó que, en materia de valores, el Estado no podía ser neutral y distinguió entre los derechos y deberes cívicos comunes y las opciones religiosas individuales.

* Pedro Pablo Mansilla, viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, quien se refirió, en el contexto de la polémica sobre EpC, a la posibilidad de revisar los acuerdos con la Santa Sede “para evitar cualquier tipo de soberanía ajena a la nacional”. Mansilla, no obstante, reconoció que en Castilla-La Mancha existían 120 autos judiciales que suspendía cautelarmente la obligación de cursar las asignaturas.

* Javier Vidal, Director General de Evaluación del Ministerio de Educación, que recordó los pronunciamientos contradictorios de ocho Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA., a favor o en contra de la asignatura (Andalucía, Rioja, Asturias, Navarra, Baleares, Valencia, Cataluña y Castilla la Mancha) y abogó por el final de la polémica tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

* El presidente de la Fundacion Cives, Victorino Mayoral, que por su parte afirmó que “Educación para la Ciudadanía pretende generar un modelo humano de acuerdo a los postulados de Montesquieu, esto es: promover la virtud cívica y formar ciudadanos para servir a la sociedad”.

* El catedrático y patrono de la Fundación Cives, Antonio Granados, quien recordó que “la democracia es la sociedad en la que no solo esta permitido sino exigido ser persona, de ahí la necesidad de una adhesión activa de los ciudadanos a los valores que la sustentan”.

* El representante de FERE (Federación de Religiosos de la Enseñanza), Jose Antonio Solórzano, que consideró que EpC es muy importante y negó que su organización haya hecho “ninguna concesión o transacción económica para salvar las ayudas o conciertos con el Estado, ya que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley y a aplicarla según el ideario de los centros”. Solórzano rechazó así mismo que la EpC haya supuesto ningún tipo de adoctrinamiento.

Según Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción de Conciencia a EpC de Profesionales por la Ética, todos los días nos llegan noticias de encuentros y jornadas de formación de profesores de estas asignaturas. “Son jornadas muy reveladoras”, asegura, “porque en ellas se habla de formar las conciencias, educar en virtudes, en fin, lo que es realmente EpC”. Lo llamativo, reconoce Tamayo, es que en esta ocasión haya intervenido José Antonio Solórzano, director de Pastoral de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), en defensa de estas asignaturas.

 Hoy mismo Europa Press se hace eco de las declaraciones del arzobispo y Prefecto de la Congregación Pontificia para las Causas de los Santos del Vaticano, monseñor Angelo Amato, a la revista italiana Il Consulente Re, en las que califica de “intrusión estatal absolutamente ilegítima” la implantación de EpC.

No es la primera vez que un alto cargo de la Santa Sede se pronuncia sobre estas asignaturas. Como recuerda http://www.hazteoir.org en un artículo publicado hoy, hace poco más de un mes el Prefecto de la Congregación Pontificia para la Educación Católica del Vaticano, Zenon Grocholewski, manifestó que “la objeción de conciencia frente a este grupo de asignaturas implantadas en España no sólo es oportuna sino necesaria”; entre otras razones, porque, tal como están diseñadas, “promueven una sociedad fundamentada en el relativismo y el nihilismo anticristiano” y porque sus programas “hieren los derechos fundamentales del hombre, reconocidos en la Declaración Universal de 1948”.

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Entrevista con la profesora Rosa Mª Satorras, una de las mayores experta en libertad de enseñanza

 

 Madrid, 18 de diciembre de 2008. En el marco de su campaña a favor de la objeción de conciencia frente a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, la asociación Profesionales por la Ética ha realizado una entrevista a Rosa Mª Satorras Fioretti, una de las mayores expertas de España en libertad de enseñanza. Es profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Barcelona, consultora de la Universidad Oberta de Cataluña, tutora en la UNED y autora de quince libros relacionados con su especialidad, entre ellos el manual universitario Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado, una publicación de referencia en el ámbito académico.

 

Este es el contenido de la entrevista:

  

1.   ¿Qué problema hay con las asignaturas de Educación para la Ciudadanía?

 

Para contestar a esta pregunta hay que saber primero cuál es nuestro marco educativo constitucional. En primer lugar, se establece que los padres tienen el derecho fundamental a escoger la formación, no sólo religiosa, sino también moral de sus hijos; igualmente, tienen el derecho a escoger centro docente público o privado, así como el tipo de educación que para ellos quieran; en segundo lugar, los particulares tienen el derecho a crear centros docentes con un ideario educativo propio (sea religioso, sea ideológico, etc.); y, en tercer lugar se preceptúa que en los centros públicos, al igual que en la legislación educativa en general, en un Estado aconfesional como en nuestro, y que reconoce la libertad religiosa e ideológica, la enseñanza debe ser tendencialmente neutral.

 

Por tanto, cuando los poderes públicos se extralimitan en sus funciones, incorporando a una asignatura contenidos claramente morales, sean del signo político que sean, porque hoy son unos, pero mañana podrían ser los contrarios, se rompe todo este equilibrio constitucional que llevábamos manteniendo en la actual etapa  democrática, y el sistema se quiebra por todas partes; se vulneran cada uno de  los derechos de la comunidad educativa, porque: se impide ejercer a los padres el derecho fundamental a la elección de la formación religiosa o moral de los hijos, así como la de su tipo de educación; se cercena el derecho de los particulares a crear centros docentes con un  ideario determinado, puesto que al final no podrán desarrollarlo o lo tendrán que contradecir (no olvidemos, que los centros concertados tienen naturaleza de privados, no de públicos, y que por ello participan de los derechos que la Constitución les otorga); e, igualmente, se quiebra el precepto constitucional que exige la neutralidad ideológica pública, porque si se opta por una postura, se están excluyendo las demás, lo que es incompatible con el principio de igualdad ideológica o religiosa.

 

2.   ¿Por qué objetan los padres a Educación para la Ciudadanía?

 

Porque quieren defender sus derechos fundamentales, porque la Constitución, tras muchos años de dictadura ideológica, les permite, de una vez por todas decidir la moral que inculcar a sus hijos y les otorga una zona de inmunidad frente a injerencias externas, tanto de terceros, como del Estado. Por fin son ellos los que deciden, y no los poderes públicos los que deciden por ellos, como si los menores de edad fuesen los padres, y no los hijos. Precisamente contra estas intromisiones públicas luchaba la Institución Libre de Enseñanza, que parece que inspira sólo de nombre toda esta cruzada ideológica.

 

3.   Jurídicamente, ¿cree Vd. que puede ser reconocida la objeción a Educación para la Ciudadanía?

 

No sólo lo creo, sino que lo sostengo doctrinalmente en mis publicaciones. La objeción de conciencia forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad religiosa e ideológica reconocido en el art.  16.1 de la Constitución. Si, en este caso, yo no puedo negarme a que las normas ideológicas se me apliquen, sencillamente no tengo libertad ideológica o de conciencia, sino mera libertad de expresión. Si el Estado puede hacer «normas morales» de obligado cumplimiento, es que no existe principio de igualdad religiosa o ideológica, es que nuestro Estado no es aconfesional. Cuando hacemos referencia a «aconfesional», no sólo estamos ante la imposibilidad de adoptar como oficial determinada confesión religiosa, sino ante la imposibilidad de establecer para la población normas morales de un signo determinado (aunque sean laicas).

 

4.   ¿Qué peculiaridades presentan las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en Cataluña?

 

En Cataluña, han adoptado el espíritu de los Reales Decretos nacionales, pero llevándolos a sus extremos. Lo que, personalmente, más me preocupa es que exijan de los niños, a la hora de ser evaluados de una asignatura curricular obligatoria, la asunción (no la comprensión o la expresión, sino la asunción) de todo un conjunto de ideas, planteamientos, principios y formas de actuación de contenido clarísimamente moral, que es el espacio de actuación de la familia o, en todo caso, de las escuelas con ideario propio en quienes delega la familia. No se trata simplemente de que los niños conozcan derechos y obligaciones democráticos, sino de que tomen postura sobre cuestiones morales e incluso religiosas en las que el Estado nada tiene que decir. A  mi entender, tal como están redactados los decretos catalanes conducen a la exclusión de toda postura trascendente en el individuo, porque convencen de que lo que no se puede alcanzar por la racionalidad y el pensamiento crítico, no puede ser asumible. Pienso que esta generación pagará un precio muy alto por estas incoherencias educativas si no se les pone freno.

 

 

 

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José Antonio Solórzano niega que esta asignatura haya supuesto ningún tipo de adoctrinamiento
Madrid, 18 de diciembre de 2008. En el marco de su campaña promotora de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), la Fundación Cives (autora de la propuesta inicial de estas materias escolares) ha organizado en Granada una Jornada para profesores, técnicos e investigadores del ámbito educativo los días 7 y 8 de noviembre.
Como no podía ser de otra manera, el encuentro (patrocinado por la Junta de Andalucía) servía para defender el conjunto de materias denominadas Educación para la Ciudadanía.
En el transcurso de la misma, según www.fundacioncives.org, intervinieron las siguientes personas:
Sebastián Cano, viceconsejero de Educación en Andalucía, quien acusó a los sectores conservadores de crear una fuerte polémica de carácter político e ideológico. «Estos sectores», aseguró, «se resisten a perder el control de las conciencias». Cano afirmó que, en materia de valores, el Estado no podía ser neutral  y distinguió entre los derechos y deberes cívicos comunes y las opciones religiosas individuales.
Pedro Pablo Mansilla, viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, quien se refirió, en el contexto de la polémica sobre (EpC), a la posibilidad de revisar los acuerdos con la Santa Sede «para evitar cualquier tipo de soberanía ajena a la nacional». Mansilla, no obstante, reconoció que en Castilla-La Mancha existían 120 autos judiciales que suspendía cautelarmente la obligación de cursar las asignaturas.
Javier Vidal, Director General de Evaluación del Ministerio de Educación, recordó  los pronunciamientos contradictorios de ocho Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA., a favor o en contra de la asignatura (Andalucía, Rioja, Asturias, Navarra, Baleares, Valencia, Cataluña y Castilla la Mancha) y abogó por el final de la polémica tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
El presidente de la Fundacion Cives,  Victorino Mayoral, afirmó que «Educación para la Ciudadanía pretende generar un modelo humano de acuerdo a los postulados de Montesquieu, esto es: promover la virtud cívica y formar ciudadanos para servir a la sociedad».
El catedrático y patrono de la Fundación Cives, Antonio Granados,  recordó que «la democracia es la sociedad en la que no solo esta permitido sino exigido ser persona, de ahí la necesidad de una adhesión activa de los ciudadanos a los valores que la sustentan».
El representante de FERE (Federación de Religiosos de la Enseñanza), Jose Antonio Solórzano, consideró que EpC  es muy importante y negó que su organización haya hecho «ninguna concesión  o transacción económica para salvar las ayudas o conciertos con el Estado,  ya que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley y a aplicarla según el ideario de los centros». Solorzano rechazó que la asignatura EpC haya supuesto ningún tipo de adoctrinamiento.
Según Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción de Conciencia a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, todos los días nos llegan noticias de encuentros y jornadas de formación de profesores de estas asignaturas. «Son jornadas muy reveladoras», asegura, «porque en ellas se habla de formar las conciencias, educar en virtudes, en fin, lo que es realmente EpC». Lo llamativo, reconoce Tamayo, es que en esta ocasión haya intervenido José Antonio Solórzano, director de Pastoral de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), en defensa de estas asignaturas.
Hoy mismo Europa Press se hace eco de las declaraciones del arzobispo y Prefecto de la Congregación Pontificia para las Causas de los Santos del Vaticano, monseñor Angelo Amato, a la revista italiana Il Consulente Re, en las que califica de «intrusión estatal absolutamente ilegítima» la implantación de EpC.
No es la primera vez que un alto cargo de la Santa Sede se pronuncia sobre estas asignaturas. Como recuerda www.hazteoir.org hace poco más de un mes el Prefecto de la Congregación Pontificia para la Educación Católica del Vaticano, Zenon Grocholewski, manifestó que «la objeción de conciencia frente a este grupo de asignaturas implantadas en España no sólo es oportuna sino necesaria»; entre otras razones, porque, tal como están diseñadas,  «promueven una sociedad fundamentada en el relativismo y el nihilismo anticristiano» y porque sus programas «hieren los derechos fundamentales del hombre, reconocidos en la Declaración Universal de 1948».

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Avalancha de nuevas sentencias favorables a los objetores

Madrid, 17 de diciembre de 2008. En el día de ayer la Justicia ha dado a los objetores a Educación para la Ciudadanía lo que los políticos y la Administración educativa les niegan: el reconocimiento del derecho a objetar. Y es que se dieron a conocer simultáneamente 9 sentencias, todas ellas favorables a los objetores.

La primera noticia vino de Extremadura, donde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres ha dado la razón a dos familias objetoras. La cuestión es importante porque es la primera sentencia dictada en Extremadura que reconoce el derecho fundamental de los padres a negarse a que sus hijos sean adoctrinados.

A la sentencia extremeña hay que sumar otras ocho, dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y relativas a padres objetores de Cádiz (1), Sevilla (4), Córdoba (2) y Huelva (1).
 
Según datos facilitados por la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, hasta esta fecha se han emitido 145 resoluciones (entre sentencias y autos de medidas cautelares) favorables a los padres objetores en Andalucía, La Rioja, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.
 
Por el contrario, se han emitido 45 resoluciones (sentencias o autos de medidas cautelares) que niegan a los padres el derecho a objetar. Este ha sido el caso de tribunales de Galicia, Baleares, Canarias, Navarra, Murcia, Asturias y Cantabria.
 
Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la Justicia se va imponiendo a pasos agigantados al reconocer judicialmente que Educación para la Ciudadanía interfiere derechos fundamentales de los padres. «A fecha de hoy», asegura, «los recursos judiciales de padres objetores superan los 1600. Es un conflicto social sin precedentes y un movimiento cívico imparable. Pero al final el Derecho se reconoce».

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DIGNIDAD DEL EMBRIÓN HUMANO

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