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Archive for 30 enero 2009

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SE CELEBRA EL 2º ENCUENTRO NACIONAL DE OBJETORES

A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

 

Madrid, 29 de enero de 2009. Un día después de darse a conocer el fallo (que no la sentencia) sobre el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía (EpC) en cuatro casos concretos, los padres objetores planifican sus próximas acciones en defensa de sus derechos fundamentales. Entre estas acciones está el 2º Encuentro Nacional de Objetores a EpC, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero en la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

 

Organizado por las instituciones Profesionales por la Ética y CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), el Encuentro tendrá como lema Cuestión de libertad y contará con la colaboración de hazteoir.org y la participación de numerosas personalidades como Mª Rosa de la Cierva (Miembro del Consejo Escolar del Estado), Jaime Urcelay (Profesionales por la Ética), Isabel Bazo (CECE), Benigno Blanco (Foro Español de la Familia), Luis Carbonel (CONCAPA), Alfredo Dagnino (Fundación Universitaria San Pablo CEU) e Ignacio Arsuaga (hazteoir.org).

 

 A lo largo de la jornada intervendrán abogados, padres y representantes de plataformas de objetores de toda España. Igualmente, se hará entrega de entrega de los Premios Libertad 2008-2009, que recaen en las siguientes entidades o personas:

 

·         Plataforma Salamanca Educa en Libertad.

·         Familia Taboada López.

·         Mariano Bailly-Baillière (objetores.org).

·         Plataforma de Padres para la Libertad de Educación en Portugal.

·         Alumnos objetores.

·         Caridad Navarro (CONCAPA Albacete).

·         Enrique Domingo (CONCAPA La Rioja).

·         Iñigo Urien (Plataforma Vasca Educación y Libertad).

·         Plataforma Padres en Acción.

·         José Javier Esparza (Cadena COPE).

·         Colegio Monte Tabor.

 

Según explica Leonor Tamayo, coordinadora del 2º Encuentro Nacional de Objetores, «este encuentro reunirá a un millar de representantes de los objetores, conscientes de que EpC vulnera su derecho a decidir la formación moral de sus hijos y es, por tanto, un ataque a las libertades de conciencia y enseñanza».

 

José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, que intervendrá en el encuentro, aprovecha para señalar que «esta jornada expresa que la decisión del Tribunal Supremo en relación con cuatro recursos de objeción a Educación para la Ciudadanía no cambia absolutamente nada; en esos casos concretos, apoyaremos a los padres hasta el Constitucional y hasta Estrasburgo. Pero ahora hay casi 2 000 recursos judiciales en marcha y casi 300 pronunciamientos judiciales favorables a los objetores perfectamente vigentes». Bazán ha lamentado la utilización política del caso que se está haciendo desde el Ministerio de Educación y la irresponsable decisión de comunidades autónomas del PSOE y el PP de hacer cumplir a todos los objetores una sentencia que solamente afecta a las partes de esos procedimientos judiciales en particular.

 

Toda la información del 2º Encuentro Nacional de Objetores a EpC se encuentra disponible en: www.encuentrodeobjetores.org.

 

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Madrid, 28 de enero de 2009. El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, mediante nota remitida a los medios de comunicación, ha dado a conocer su conclusión en relación con cuatro recursos de casación sobre el derecho a la objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (tres de ellos procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro procedente de la Sala de lo Contencioso de Sevilla).  Según este comunicado, «en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y así mismo ha establecido que los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
 
Ante el comunicado del Tribunal Supremo, y a la espera de conocer el contenido de la sentencia (que aún no se ha hecho público), Profesionales por la Ética, una de las organizaciones promotoras de la objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, quiere hacer constar lo siguiente:
 
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo afecta a los casos concretos que han sido parte en el procedimiento; no tiene efecto en otros casos de objetores protegidos por otros pronunciamientos judiciales (sentencias o  autos de medidas cautelares). Resulta imposible hacer una valoración de la sentencia puesto que aún no se ha dado a conocer; su contenido y fundamentos jurídicos pueden dar un giro inesperado ya que algunos medios de comunicación (entre ellos El Mundo) indican que la resolución judicial «no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales».
En las últimas horas, padres objetores de toda España nos han confirmado su decisión de seguir luchando para que su derecho a la objeción de conciencia, como último recurso frente al adoctrinamiento impuesto por Educación para la Ciudadanía.  Profesionales por la Ética reitera su disposición a seguir apoyando a los objetores que quieran presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y acudir, si fuera preciso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia internacional y los tratados sobre Derechos Humanos avalan la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones.
La movilización de padres en defensa de su libertad y la de sus hijos es imparable. Más allá de la obligatoriedad de cualquier ley o sentencia, un Gobierno democrático no puede ser insensible ante esa realidad que ha llevado a presentar más de 52 mil objeciones a Educación para la Ciudadanía y casi 2 000 recursos judiciales. La escuela necesita recuperar la tranquilidad, el consenso y el respeto a la libertad de todos para poder realizar su misión. Esta Educación para la Ciudadanía ha introducido una grave fractura en la educación española debido a la nula voluntad de diálogo por parte del Gobierno.

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Madrid, 24 de enero de 2009.  Como es sabido, el próximo 26 de enero se reúne el Tribunal Supremo para decidir sobre los recursos presentados en materia de objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC). Con este motivo, José Luis Bazán, doctor en Derecho, experto en la protección jurídica de los derechos humanos y coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, recuerda algunos textos de la legislación nacional e internacional que protegen el derecho a objetar a EpC:
 
Sobre la libertad ideológica de los padres en relación con su derecho a la educación moral de sus hijos
 
Artículo 16.1 Constitución Española (CE):
 
“Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.”
Artículo 27.3 CE:
“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
Art. 26.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948): exige el respeto de los Estados a los derechos y deberes de los padres, en concreto al de guiar al niño en el ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículos 5 y 14.2 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989).
Artículo 5.1 b) de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza:
“Debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales (…) 2º de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones.”
Sobre el deber de neutralidad de los poderes públicos
 
El artículo 16.3 CE impone a los poderes públicos la aconfesionalidad en los siguientes términos:
 
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”
El Consejo de Estado, en sus Dictámenes 2234/2006, de 23 de noviembre de 2006, relativo al Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación primaria, y 2521/2006, de 21 de diciembre de 2006, relativo al Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria:
“A la hora de establecer estos contenidos básicos (de la asignatura Educación para la Ciudadanía), el real decreto sometido a consulta debe tener en cuenta que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Folgerø y otros c/. Noruega, de 29 de junio de 2007 establece el derecho de aquellos a exigir del Estado el respeto a sus convicciones en el ámbito educativo:
 
“Es en el cumplimiento de un deber natural hacia los hijos –respecto de los cuales los padres son los primeros responsables en su ‘educación y enseñanza’ – donde los padres pueden exigir al Estado el respeto a sus convicciones religiosas y filosóficas. Su derecho se corresponde con una responsabilidad estrechamente ligada al disfrute del ejercicio del derecho a la educación.”
La Sentencia del Tribunal Constitucional 86/1985, de 10 de julio:
“El derecho de todos a la educación (…) incorpora así, sin duda, junto a su contenido primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para los niveles básicos de la enseñanza, en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad”.
Sobre la objeción de conciencia
El Tribunal Constitucional (Sentencias nº 15/82, de 23 de abril, FJ 6º, 53/85, de 11 de abril, 161/87, FJ 3º) y el Tribunal Supremo (SSTS 16 de enero y 23 de enero de 1998, y 23 de abril de 2005, entre otras), reconocen la objeción de conciencia como un derecho que deriva de la libertad ideológica, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución. 
Por su parte, la más reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirma el derecho de los padres a exigir al Estado el respeto de sus convicciones y legitima su negativa a que sus hijos cursen materias de contenido ideológico que contraríe sus convicciones (Sentencias Folgerø y otros c/. Noruega, y Zengin c/. Turquía, citadas supra), respaldando la negativa paterna a la educación de los hijos en valores contrarios a sus convicciones.
Sobre el derecho a la intimidad del menor
 
El método de evaluación establecido en los Reales Decretos que desarrollan EpC no se refiere únicamente a conocimientos, sino a actitudes y comportamientos, incluida la expresión obligada de pensamientos, convicciones, sentimientos y emociones respecto de las cuestiones planteadas en los temas contenidos en los curriculos. Por ello, dado que afecta a la interioridad de los menores, al verse forzados a declarar y expresar obligatoriamente tales aspectos de su intimidad, EpC vulnera diversas normas internacionales y nacionales:
 
Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
 
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”
 
Art. 16 de la Convención de Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989, Art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966.
 
Art. 18.1. de la Constitución Española:
 
“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.”
 
Según Bazán, la actitud de los padres objetores ha sido un ejemplo de responsabilidad y defensa de los derechos fundamentales. «En el futuro», asegura, «este movimiento a favor de la objeción se estudiará en las escuelas como ejemplo de civismo. En una democracia, el ejercicio responsable del derecho a la objeción fortalece el propio sistema democrático y la libertad de todos los ciudadanos».

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