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Archive for 31 marzo 2009

Prosigue la oposición de los padres a esta EpC

Madrid, 31 de marzo de 2009. Cuando el segundo trimestre del curso 2008-2009 toca a su fin, la polémica sobre las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), que se implantará en Primaria a partir del próximo mes de septiembre, prosigue su curso. Así, uno de los libros de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos para 2º de ESO (12-13 años), el de la Editorial Serbal incluye cuestiones como las siguientes:

• Concepto de ciudadanía: el ciudadano se relaciona con los demás desde la amistad cívica. Distingue la ética privada de la pública, que es la propia de la acción política (cita de Gregorio Peces Barba),
• El Estado y lo público: el neoliberalismo global apuesta por volver atrás con “menos Estado”: liberaliza y privatiza bienes y servicios públicos, amenazando su calidad y supervivencia donde ya existían (países desarrollados) e imposibilitando su aparición donde todavía no (Países subdesarrollados).
• La familia en el siglo XXI: entre varios “tipos” de familia se encuentran la familia homoparental: Esther parió dos mellizos concebidos por inseminación artificial. Antes lo había intentado Julia (…). Llevan diez años juntas (…). Una familia son las vivencias, vivir y crecer juntos. Y la familia núclear clásica: Me enamoré de Pablo a los 16 años y sigo así. Yo trabajaba de modelo y lo dejé. Se casaron por la Iglesia. “El Juzgado me parecía cutre e irnos a vivir juntos era como salir por la puerta de atrás”.

En opinión de Fabáin Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, estos ejemplos demuestran que las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, lejos de ceñirse a la Enseñanza de la Constitución o a la Declaración de los Derechos Humanos del año 48, abordan cuestiones morales e ideológicas imponiendo una manera de pensar. «La cuestión no es este o aquel libro de texto sino un conjunto de asignaturas que se propone formar la conciencia moral de los alumnos».

Por ello, frente esta EpC se siguen presentando objeciones, como ha sucedido recientemente en un colegio público de Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde se han registrado 11 nuevas objeciones a EpC que se suman a otras 5 existentes en el mismo centro. Estos padres han manifestado que, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre objeción a EpC, no han cambiado su postura. «Mientras estas asignaturas no cambien radicalmente, seguiremos objetando porque en conciencia no queremos que nuestros hijos reciban estas asignaturas».

Por su parte, plataformas de padres objetores de Murcia, Madrid y Navarra se han reunido con sus respectivos consejeros de Educación para exponerles su postura y exigir garantías de no adoctrinamiento en las asignaturas de EpC de acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo. Padres de Galicia, Castilla-León, Andalucía y Cantabria también han solicitado entrevistas en el mismo sentido.

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Madrid, 18 de marzo de 2009. Durante los últimos años, miles de familias de han informado responsablemente acerca de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y sus implicaciones. Casi 300 fallos judiciales han dado la razón a los objetores a EpC. La dimensión de la polémica ha sido tal que el Tribunal Supremo se ha visto obligado a dictar sentencia en cuatro procedimientos judiciales.

Aunque estas sentencias van a ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, el conflicto sobre EpC no se detiene en la cuestión jurídica: el movimiento cívico de objeción a EpC constituye una realidad creciente en defensa de las libertades ideológicas, de conciencia y enseñanza. Los padres objetores van a ser actores imprescindibles en cualquier debate de política educativa de ámbito nacional o autonómico.

Para ayudar a los padres a solucionar las dudas prácticas que, después de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo se les van a plantear, Profesionales por la Ética ha elaborado una Guía titulada Cuestión de conciencia, cuestión de libertad. Guía práctica, tras las sentencias del Tribunal Supremo, para los padres que rechazan esta Educación para la Ciudadanía.

La Guía consta de 15 preguntas acompañadas de sus respuestas y afirma, entre otros puntos, que:

• La objeción de conciencia es un acto moral por el que una persona antepone su conciencia al cumplimiento de un deber jurídico.
• Si bien es previsible que tras las sentencias del Supremo, la objeción de conciencia a EpC vaya a tener respaldo jurídico, no hay inconveniente para que los padres objeten. Pueden hacerlo con carácter preventivo (antes de que sus hijos cursen las asignaturas) o cuando a sus hijos les corresponda cursarla, es decir en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, a partir del curso que viene, en Primaria. Ahora bien, la Guía advierte de las consecuencias académicas que dicha objeción podría conllevar en Primaria (donde apenas tendría trascendencia) y, sobre todo, en ESO.
• No obstante, la Guía ofrece otras herramientas proporcionadas por el Tribunal Supremo para oponerse a EpC tal como está configurada: la negativa a asistir a determinadas clases o realizar ciertas actividades en el marco de EpC o, en los casos en los que los padres decidan que su hijo entre a clase de EpC, un escrito dirigido tanto a la Administración como al centro en el que se hace constar la oposición a este conjunto de asignaturas pero se acepta entrar en clase por imperativo legal . También se incluyen los procedimientos para denunciar circunstancias concretas de adoctrinamiento a través de la programación, los libros de texto y los materiales de EpC utilizados en clase, vía que ofrece el Tribunal Supremo para oponerse a aquellos contenidos que impongan puntos de vista sobre cuestiones morales.
• Finalmente, la Guía advierte que las sentencias del Tribunal Supremo no permiten adaptar las asignaturas al ideario de los centros privados o concertados; por el contrario, establecen que debe cursarse tal y como han sido diseñadas por las normas estatales.

Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, asegura que han sido miles las consultas recibidas durante las últimas semanas en relación con la objeción de conciencia y las formas de oponerse a EpC.«Esperemos que esta Guía de respuesta a las inquietudes de los padres. Lo que constatamos es que las sentencias del Supremo ni mucho menos han tranquilizado a los padres; por el contrario, muchos quieren seguir objetando y otros quieren dejar constancia de su oposición a este conjunto de asignaturas obligatorias». Así, Urcelay comenta que la semana pasada la plataforma objetora Alcalá Educa en Libertad ha presentado 21 nuevas objeciones a EpC correspondientes a varios centros públicos de San Fernando de Henares (Madrid). Igualmente, el próximo 28 de marzo tendrá lugar el I Encuentro provincial de objetores en Valencia.

(La Guía está disponible en http://www.objetores.org/destacados/docs/guia_LIBERTAD.pdf).

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Lo que vale para los objetores a EpC no vale para el gobierno catalán

BARCELONA, 25 de marzo de 2009. En las próximas semanas las familias catalanas cumplimentarán el impreso de preinscripción de sus hijos en centros públicos y concertados para el próximo curso. La sorpresa es que en el formulario de preinscripción no se incluye la posibilidad de elegir una de las lenguas oficiales de Cataluña. «La cuestión es grave», asegura Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, «porque existe una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2008 que obliga a la Generalitat a incluir un apartado en el que los padres puedan elegir si sus hijos han de ser escolarizados en catalán o en castellano».

Y es que, como es sabido, hace algo más de un mes, el Ministerio de Educación celebró las sentencias del Tribunal Supremo relativas a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, argumentando además que debían ser acatadas de inmediato incluso por objetores que ni siquieran eran parte en esos procedimientos. Para Novella, la actuación de la Generalitat es grave porque incumple no sólo la sentencia del Supremo sino otras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el mismo sentido. «Pero aún más grave nos parece la actitud de Mercedes Cabrera, que mira para otro lado cuando es el gobierno catalán quien incumple una sentencia del Supremo y amenaza con imponer la fuerza de la ley a los objetores a Educación para la Ciudadanía».

Profesionales por la Ética de Cataluña anima a los padres catalanes a reclamar sus derechos frente a la arbitrariedad de la Generalitat, acudiendo incluso a los tribunales si fuera necesario.

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Eva Almunia «planta» a un centenar de estudiantes en un debate sobre las asignaturas

Madrid, 25 de marzo de 2009. Esta mañana estaba convocado un debate en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid sobre Educación para la Ciudadanía, ¿crea o adoctrina ciudadanos?. El acto lo convocaba la Unión de Estudiantes para el Futuro Profesional y presidía el decano de la Facultad; el debate lo moderaba el Decano del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos, Miguel Ángel Ruiz de Azúa. Estaba prevista la participación de varias personas, entre ellos el filósofo y autor del manual de Educación para la Ciudadanía para la editorial SM, José Antonio Marina, quien no acudió. En su lugar lo hizo Eliseo Moreno, del sindicato CSI-CSIF. También participaron en el debate Eugenio Nasarre, diputado del Partido Popular, y Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética.

La sorpresa del acto, al que asistían casi un centenar de estudiantes, es que, frente a lo que estaba anunciado en la convocatoria, no apareció Eva Almunia, secretaria General de Educación ni ningún representante del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, el departamento valedor de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.

En opinión de Jaime Urcelay, la ausencia de un representante de Educación se pudo deber a dos motivos: uno, que no quisiera ver a un representante del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía, ya que la ministra de Educación y la propia Eva Almunia han rehusado entrevistarse con Profesionales por la Ética en tres ocasiones. «El otro motivo es que la víspera del debate, la ministra de Educación no aclaró en el parlamento porque colgó en Internet un vídeo felicitándose por la sentencia del Tribunal Supremo sobre objeción a Educación para la Ciudadanía tres días antes de conocerse el fallo de la sentencia».

En definitiva, lo que parece claro es que Educación para la Ciudadanía no tiene ya quien la defienda en público.

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Profesionales por la Ética se una a la Marcha por la Vida y a los actos del próximo domingo por el derecho a vivir

Madrid, 27 de marzo de 2009. Ante la futura reforma de la legislación sobre el aborto en España, Profesionales por la Ética desea manifestar que este acto constituye un atentado inadmisible contra la vida humana en sus primeras fases de desarrollo.

«En este sentido», ha manifestado Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de la asociación, «la pretensión gubernamental de convertir el aborto en un derecho forma parte de un proyecto de pedagogía social característico del Gobierno de Zapatero. Si nos quitamos por un momento la caperuza ideológica, los prejuicios, e intentemos pensar objetivamente, desde el principio, ¿qué es objetivamente, un aborto?  Es, estrictamente, y según los conocimientos y avances médicos y científicos, prescindir de la vida de un ser humano, dándole término consciente y activamente, por motivos ajenos a él mismo. Si partimos, objetivamente, de esta consideración inicial de carácter científico, se acabó el debate ético. La vida siempre tiene que ser protegida».

Fernández de Alarcón ha recordado que en este proceso la primera víctima es el niño que no llega a nacer porque la lógica de decidir sobre si otro debe o no vivir, es perversa. «Y si encima se aplica a seres humanos que alguien decide que tienen defectos (discapacitados, síndrome de Down), entonces estamos directamente ante la eugenesia que practicaron los nazis.

Para Profesionales por la Ética son muchos los profesionales implicados en la práctica del aborto: educadores, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de clínica, administrativos, psicólogos y médicos. Respecto a esta práctica, los profesionales no sólo pueden ejercer la objeción de conciencia sino promover el derecho a la vida y a la mujer embarazada generalmente abandonada, presionada e incluso maltratada. «No olvidemos», ha afirmado Fernández de Alarcón, «que en esta historia se instrumentaliza a la mujer por intereses ideológicos y económicos, ya que las clínicas abortistas constituyen un lucrativo negocio en el que no existe el consentimiento informado a la mujer sino más bien un asentimiento desinformado. La posibilidad de que una menor de edad aborte sin el consentimiento paterno es una barbaridad incluso desde el punto de vista técnico, como cualquier profesional sanitario sabe. Pero además, constituye un verdadero secuestro de la menor por parte del poder público». Profesionales por la Ética recuerda también que, si el aborto es establecido como derecho, un profesional sanitario no podrá negarse a participar en él porque sería penalizado.

Profesionales por la Ética se ha adherido a los actos promovidos por la plataforma Derecho a Vivir que tendrán lugar el domingo 29 de marzo. «Es una oportunidad» para hacer presente la opinión de muchos ciudadanos a los que el Gobierno ha excluido del debate apostando más por el tópico ideológico que por la reflexión serena».

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Madrid, 16 de marzo de 2008. Hace unos días la ministra de Igualdad explicaba que su departamento y el ministerio de Educación estaban elaborando unidades didácticas para abordar la educación afectivo-sexual en el marco de las asignaturas obligatorias de Educación para la Ciudadanía (EpC).
Ayer mismo, este proyecto gubernamental se veía confirmado por las declaraciones del ministro de Sanidad, Bernat Soria, quien en declaraciones al diario Sur de Málaga ha afirmado que «en España aún algunos están discutiendo si Educación para la Ciudadanía tiene sentido. Yo creo que es el momento de recordar que esta asignatura incluye educación sexual. Y hay que trabajar en esa línea, a lo mejor hay que aumentar más el trabajo en la escuela, que es responsabilidad del Estado, y en casa, que es responsabilidad de los padres».
Como indica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, estas declaraciones confirman que EpC es un proyecto gubernamental de formación moral de los jóvenes completamente ajeno a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. «Y por si fuera poco», el Gobierno deja muy claro que, en la escuela, manda el Estado».
Fernández de Alarcón recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los padres podrán acudir a los tribunales para denunciar cualquier imposición moral sobre temas controvertidos. Además, ha informado de que muchos padres están dispuestos a seguir objetando en conciencia argumentando que se trata de un acto moral personal que nadie puede restringir.

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