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El proyecto de “LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL PROCESO DE LA MUERTE”, nuevo riesgo para la vida e intromisión en la  libertad profesional de los médicos

Madrid, 19 de mayo de 2009.

En relación con el proyecto de Ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de la muerte que se está tramitando en Andalucía, la asociación Profesionales por la Ética desea hacer constar lo siguiente:

  1. Se trata de un paso más en la ilegítima pretensión de introducir en España un inexistente derecho a la muerte, rechazado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
  2. Vulnera los principios de la Recomendación del Consejo de Europa 1418 (1999), según la cual “el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida”.
  3. No responde a ninguna necesidad real de proteger la dignidad del paciente al final de su vida puesto que las normas jurídicas y deontológicas en vigor ya la tutelan satisfactoriamente, conciliando equilibradamente la libertad moral del paciente, las obligaciones éticas del sanitario y los derechos de las instituciones religiosas asistenciales.
  4. Propone prácticas sanitarias que contravienen el artículo 143.4 del Código Penal. Así, la suspensión indebida de tratamientos básicos de soporte vital como la ventilación mecánica.
  5. Se instrumentaliza al médico que se convierte en ejecutor legal de la voluntad del paciente de suicidarse, no respetando debidamente el derecho constitucional del personal sanitario a la objeción de conciencia.
  6. Se abre la vía a la intromisión en la intimidad del paciente mediante la creación de Comités de Ética Asistencial, cuyos miembros podrían ser elegidos arbitrariamente de acuerdo con criterios ideológicos y no exclusivamente técnicos.
  7. Vacía de contenido la libertad constitucionalmente garantizada de las instituciones religiosas asistenciales, que no podrán actuar conforme a sus principios éticos y religiosos, al obligarles a ser cooperadores obligados de pacientes que buscan el suicidio.
  8. Se utiliza un lenguaje claramente manipulado y manipulador de los sentimientos y emociones en relación con un momento vital tan importante como la muerte de una persona.

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Plataformas de padres objetores de diferentes provincias andaluzas reclaman la dimisión de la consejera de Educación

 

  

Sevilla, 20 de diciembre de 2008. Hoy sábado unas trescientas personas se han concentrado en la Puerta de Jerez de Sevilla en solidaridad con los padres objetores cuyos hijos menores aparecieron en el BOJA.

 

Un grupo de niños difrazados de presos (a semejanza del “niño con el pijama de rayas”) y con el número del BOJA denunciado en el pecho han sido el telón de fondo de las diferentes intervenciones.

 

Arturo Gross, responsable de la Plataforma Educación y Libertad de Málaga ha remarcado la “calidad de este movimiento cívico por la libertad” y ha asegurado que “los padres llegaremos hasta los tribunales europeos, si es necesario, para defender la libertad de educación”.

 

Miguel Gómez de Agüero, de Profesionales por la Ética ha insistido en “la necesidad de defender la libertad de conciencia frente a la injusta intromisión del Estado” y ha solicitado la dimisión de la Consejera de Educación, Teresa Jiménez, por su grave responsabilidad en la publicación del nombre de menores en el BOJA.

 

J. Ignacio Martínez, representando al Foro de Laicos Asidonia y a las plataformas de padres objetores de El Puerto de Santa María, Chiclana y Cádiz, ha recalcado la “extraordinaria actuación de los padres objetores, siempre dentro de la ley y con un espíritu ciudadano ejemplar”

 

Mª Emilia García de Blanes, de la Plataforma “Córdoba educa en libertad”, ha destacado la “falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía hacia las familias objetoras”. 

 

Carmen Moris, madre objetora de Jaén y miembro de la plataforma “Jaén educa en libertad” ha relatado su itinerario en el Instituto de su hijo y cómo desde la dirección del mismo se le ha tradado de engañar sobre los contenidos de la asignatura.

 

Federico Die, presidente del Foro Andaluz de la Familia, ha afirmado que “nadie nos va a quitar a las familias el derecho a educar a nuestros hijos” y ha recordado a las autoridades su responsabilidad para ayudar a las familias desde el respeto a su libertad.

 

El acto ha sido cerrado por Juan María del Pino, presidente de FECAPA, que ha insistido en la “independencia de este movimiento ciudadano” y en la responsabilidad de toda la sociedad para que nuestras próximas generaciones sean verdaderamente libres. Asimismo, ha agradecido la Grupo Popular haber sido el único que en el Parlamento Andaluz ha reprobado a la Consejera por el asunto del BOJA. 

 

 

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SEVILLA, 7 DE FEBRERO DE 2008

Según el Ministerio de Sanidad, Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor crecimiento de la tasa de abortos en los últimos cuatro años. Profesionales por la Ética reclama medidas de apoyo a la mujer y transparencia a la Consejería de Salud.

La organización Profesionales por la Ética ha solicitado a los partidos políticos andaluces que presenten dentro de su programa electoral medidas que reduzcan la lacra social que es el aborto. El aborto es la segunda causa de defunción en Andalucía, ligeramente por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio y por delante del cáncer y de otras causas. Según los datos recientemente publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo relativos al año 2006 el número de defunciones por aborto en Andalucía fue de 18.581 (23% de las defunciones en nuestra Comunidad), situándose Andalucía en el tercer lugar tras Cataluña y Madrid.

La tasa de abortos se ha duplicado en Andalucía en los últimos ocho años, pasando de 5,16 a 10,46 por cada 1000 mujeres.

“No cabe mirar hacia otro lado. En una sociedad que se pretende desarrollada hay que encontrar una solución que no sea la muerte del más indefenso”, declara Miguel Gómez de Agüero, Presidente de Profesionales por la Ética en Andalucía.

Asimismo, esta organización denuncia que hace muy pocos meses el Parlamento Andaluz, ha rechazado una Iniciativa Legislativa Popular en favor del apoyo a la mujer embarazada. “La realidad ha vuelto a demostrar que los más débiles, el hijo y la mujer con problemas, son abandonados y las estadísticas son ocultadas o presentadas con una insensibilidad culpable”.

Por otro lado, solicitan a la Consejería de Salud que haga público el Protocolo profesional que siguen los centros de aborto de Andalucía.

“La opinión pública andaluza tiene derecho a saber cuáles son los pasos que siguen obligatoriamente estos centros abortistas, especialmente, ante la situación de fetos que siguen vivos tras el aborto”

El criterio generalizado entre los ginecólogos es que, en caso de que un feto dé muestras de vida, después de un aborto, es decir, si tiene respiración y frecuencia cardíaca debe ser reanimado por los profesionales que se encuentren presentes.

Profesionales por la Etica – Andalucía considera imprescindible una total transparencia en la normativa, seguimiento y control de estas entidades privadas, homologadas por la Consejería de Salud.

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SEVILLA, 6 de enero de 2007.

Según un estudio de Profesionales por la Ética en Andalucía, la inmensa mayoría de docentes considera a sus alumnos peor o mucho peor disciplinados, motivados, atentos y respetuosos con el profesor que hace un lustro.

Desde principios de la presente década, las actitudes positivas hacia el estudio entre los alumnos andaluces han caído en picado. Según un reciente estudio, así al menos piensan los profesores de esta comunidad, para los que el estudiante tipo ha empeorado sobremanera en aspectos como la disciplina, el respeto a la figura docente, la atención en clase o la motivación por el estudio.

Realizado por iniciativa de Profesionales por la Ética entre 1.100 trabajadores de Primaria y Secundaria en la Pública, la Concertada y la Privada, la encuesta atiende con bastante rigor a cuestiones de proporcionalidad, lo que, unido a lo abultado de sus resultados, permite obtener conclusiones ciertas.

El tema disciplinario y el respeto debido al profesor son los dos asuntos sometidos a estudio en los que se observa un empeoramiento más acusado. Para el 52 y el 42% de docentes, sus alumnos son respectivamente menos o mucho menos disciplinados que hace un lustro.

También respetan menos (51%) o mucho menos (40%) a sus docentes que cinco años atrás. En este sentido, el porcentaje de profesores que considera que ahora reciben más respeto que en 2001 no suma ni siquiera un 1%.

En cuanto a motivación por el estudio, sólo un 2% cree que ésta ha mejorado, mientras que las respuestas que apuntan hacia una evolución negativa (peor o mucho peor) se van hasta el 86%.

En líneas generales, los profesores andaluces califican la situación de la Educación en su comunidad con un 4,2 (escala 0-10).Por su parte, el apoyo recibido por el profesorado de la Administración se queda en un escuálido 3,1.

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MADRID, 15 de mayo de 2008.

La sentencia del TSJA confirma de nuevo la naturaleza ideológica de Educación para la Ciudadanía, constituye un importante refuerzo de la posición de los padres objetores y obliga a todas las Administraciones educativas insensibles a la libertad educativa a modificar su actitud de rechazo a la objeción de conciencia.

La declaración de nulidad de aspectos como la ideología de género y la homosexualidad -tratados favorablemente en las órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 10 de agosto de 2007 por las que se desarrollan los contenidos de la materia correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria-, evidencia la legitimidad que ofrece nuestra democracia para no compartir las doctrinas oficiales que subvierten las convicciones de millones de ciudadanos.

De enorme trascendencia es la llamada que hace al Tribunal Supremo para que, mediante cuestión de ilegalidad, conozca y resuelva sobre los Reales Decretos de enseñanzas mínimas aprobados por el Ministerio. El mero planteamiento de esta cuestión es prueba de que la naturaleza ideológica de Educación para la ciudadanía es genética, de modo que si son ideológicamente inaceptables las normas autonómicas andaluzas, se ha de sostener que también lo son los Reales Decretos en los que éstas se fundan, y cuyos principios y contenidos incorporan.

Algunos de los párrafos más significativos de la sentencia son:

Carácter ideológico y no neutral de los Reales Decretos de Primaria y ESO

“(…) ese límite que exige el principio de neutralidad ideológica sí se rebasa en esos Reales Decretos porque la regulación que ofrecen revela a las claras que se está más allá de transmitir los valores de “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” recogidos en la Constitución, sobrepasando lo que sea una enseñanza teórica y práctica de “los principios democráticos de convivencia”. (Fundamento Jurídico 8º).

Obligada neutralidad ideológica del Estado

“Sostener que “el pleno desarrollo de la personalidad” (art. 27.2 de la C.E.) faculta a los poderes públicos a tomar partido definiendo cuestiones morales o ideológicas y evaluando a los niños y jóvenes de su adhesión personal a tales postulados, constituye una ilícita invasión que hace la norma jurídica a campos o disciplinas que le son extraños: Son realidades diversas el Derecho y la Moral (o la Ética) por más que, como la Filosofía, se puedan expresar todas ellas con un lenguaje axiológico.” (Fundamento Jurídico 10º).

Decretos autonómicos 230/2007 y 231/2007, y las Órdenes dictadas en su desarrollo vulneran libertad ideológica y religiosa de los padres

“La transcripción necesaria de esta ardua y prolija regulación jurídica de la materia (…) muestra de una lectura detenida la elaboración de un tratado o corpus de lo que es el individuo y de lo que debe ser, una construcción ideológica de la persona más o menos acabada pero sí global o integral (desde lo más personal), en la programación de una enseñanza por parte de las Administraciones Públicas que es obligatoria para todos los escolares, dirigida explícitamente a la formación “moral” de los alumnos, lo cual violenta la libertad ideológica y religiosa de las personas y el mismo principio del pluralismo político constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (ex art. 1.1 y 16 de la C.E.). (Fundamento Jurídico 10º).

Derechos Humanos

“La afirmación de que los derechos humanos dependen del contexto, o de la coyuntura histórica, y son susceptibles de ser creados o de ser destruidos, es un postulado ideológico (no jurídico) que, como tal, no está incorporado en la norma constitucional”. (Fundamento Jurídico 10º).

Ideología de género

“No hay, pues, meramente una nueva terminología, sino la elaboración de una teoría de la identidad humana en la que el concepto “género”, distinto del de “sexo” al que se refiere la Constitución, tampoco es sinónimo o identificable con el de “orientación sexual” (Fundamento Jurídico 10º).

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Profesionales por la Ética alerta sobre la intencionalidad del “Anteproyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte” como legislación experimental que pretende abrir la puerta a la eutanasia.
 
Sevilla, 15 de septiembre de 2008.

Tras el análisis del texto del anteproyecto, Profesionales por la Ética quiere manifestar lo siguiente:
 
1.- Este anteproyecto legaliza, bajo determinadas condiciones, la eutanasia solicitada por un paciente, por lo que vulnera las exigencias del artículo 15 de la Constitución, al generar un supuesto “derecho a la muerte” que tanto el Tribunal Constitucional (“la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho”, Sentencias TC 137/90; 120/1990) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia Pretty c/. Reino Unido, 29 abril de 2002) han negado reiteradamente.

2.- Contraría la Recomendación 1418 (1999) del Consejo de Europa, según la cual: “el deseo de morir expresado por el enfermo terminal o moribundo no puede constituir la base jurídica de su muerte a manos de un tercero” ni constituir “una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida.”

3.- Vulnera el  artículo 2.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al incumplir las obligaciones positivas del Estado de poner los medios para evitar el menoscabo del derecho a la vida, y establecer excepciones al derecho a la vida no contempladas por dicho tratado internacional.

4.- Es contraria al Convenio Internacional de Oviedo, al no subordinar expresamente las intervenciones sanitarias al interés, beneficio o salud del paciente.

5.- Vulnera las exigencias el Artículo 11.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que obliga a no seguir las instrucciones previas del paciente que sean contrarias al ordenamiento jurídico y a la «lex artis».

6.- Contraría también las normas deontológicas de los profesionales sanitarios, obligando indebidamente a los mismos a respetar las preferencias del paciente en la toma de decisiones clínicas y omitiendo el derecho constitucional a la objeción de conciencia.

7.- Esta ley desdibuja los perfiles penales de la eutanasia, reduciendo su ámbito semántico y generando su progresiva aceptación social. Asimismo promueve una absoluta autonomía de la persona como fuente de pretendidos derechos inexistentes en el Derecho en vigor.

8.- Lo que se postula como una ley “a favor” de la dignidad de la persona acabará convirtiéndose en fuente ingente de conflictos por la desprotección de los profesionales sanitarios, de las familias e instituciones y de los propios pacientes en sus derechos fundamentales.

9.- No hay que olvidar que la ley afectará, no sólo a los centros sanitarios públicos sino también a las instituciones sanitarias con ideario, residencias de mayores, compañías de servicios médicos y aseguradoras.

10.- El objetivo, de facto, de esta ley es la modificación del régimen jurídico actual en materia de eutanasia, introduciendo en el ordenamiento jurídico español una norma-cuña que pretende consagrar un pretendido derecho “territorial” que haría de Andalucía un “referente” en la regulación de la muerte.

11.- La introducción del difuso y subjetivo concepto de “calidad de vida” es un cheque en blanco para otorgar al paciente la posibilidad (no reconocida por nuestro derecho) de exigir a terceros la cooperación al suicidio.

12.- La legalización de la eutanasia es una injusta presión sobre los pacientes más débiles, a los que se les abre la puerta del suicidio asistido para evitar sentirse como una carga social y familiar.

13.- Llama la atención el catálogo de sanciones por incumplimientos previstas en el anteproyecto de ley (hasta 1 millón de euros) en un tema de gran sensibilidad, sobre el que no existe un consenso social, y donde cabe prever graves conflictos de conciencia.
 
Por todo ello, Profesionales por la Ética recuerda a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la obligación de respetar el ordenamiento constitucional y europeo para cualquier desarrollo normativo autonómico y la necesidad de contar con los profesionales sanitarios y las comisiones deontológicas para cualquier propuesta de modificación del actual ordenamiento.

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