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Posts Tagged ‘ARTÍCULO’

Artículo escrito por José Luis Bazán, Coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética y publicado en Diario de Navarra, 1 de noviembre de 2008.

El maremágnum judicial en el que comienza a zozobrar Educación para la ciudadanía tras las decenas de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de La Rioja, Andalucía y, en menor medida, Asturiasque reconocen el derecho de los padres a objetar en conciencia contra la materia-, ha encontrado en Navarra una aparente e incomprensible “excepción foral”.

 

El buque insignia del proyecto de ingeniería social del gobierno de la Nación, plasmado en los Reales Decretos que regulan las enseñanzas de Primera, ESO y Bachillerato, pretende -nada menos- construir la conciencia moral de los futuros votantes según una doctrina ética que se convierte en oficial en virtud de la imposición legal, sin respeto alguno al derecho preeminente de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones (Artículo 27.3 Constitución). Tales Reales Decretos son normas obligatorias que marcan los contenidos mínimos que todas las Comunidades, incluida Navarra, deben incorporar en su normativa educativa, sin que, por otro lado, los profesores o centros educativos tengan legitimidad ab initio para excluir parte de los mismos contrarios a su ideario (lo que indebidamente algunos quieren hacer pasar por una no autorizada “adaptación”).

 

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado su primera sentencia en la materia, negando el derecho de los padres a objetar en conciencia contra el que algunos denominan “catecismo del buen socialista”. La lectura de la citada sentencia (en la que dos magistrados han formulado contundentes y bien fundados votos disidentes), resulta decepcionante y sobrecogedora para el jurista no aficionado a malabares políticos o que no se apunta al llamado “pensamiento débil”, sobre todo por el preocupante tinte ideológico de las tesis en que se funda. Pero no es menos reseñable su inapropiado estilo apologético, la inaplicación de relevantes normas en vigor cuyo examen hubiera procedido, una pobre consideración de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre objeción de conciencia educativa, y el vaciamiento del contenido esencial del derecho de los padres a la educación moral de sus hijos.

 

Es ideológico (y, por tanto, impropio de un tribunal) asumir y aplicar como criterio jurídico de decisión una mera opinión ética de las posibles en un régimen democrático pluralista. Así, un ciudadano tiene plena legitimidad para asumir la tesis que escinde la Ética en pública y privada -defendida por ciertos filósofos “oficiales” como Peces-Barba-, pero es inaceptable que un órgano judicial haga una defensa de la misma en una sentencia y utilice su potestad para

elevarla a rango de doctrina ética única de obligada adhesión, en menoscabo de derechos fundamentales como la libertad ideológica y el derecho a la educación de los recurrentes. Pero no menos ideológica e inaceptable es la tesis, que el Tribunal también asume, de que el positivismo jurídico es la única doctrina posible por considerarla una noción neutral y objetiva en el tratamiento de los Derechos Fundamentales (¿cómo puede ser objetivo el derecho fundado en la subjetividad compartida?). Por no extendernos en la tendenciosa afirmación recogida en su Fundamento Jurídico Séptimo, de que nuestro Estado es laico, cuando la Constitución consagra (Art. 16.3) la aconfesionalidad estatal, principio que presupone la admisión del ejercicio público de la libertad religiosa como un bien social, a diferencia del laicismo, que pretende expulsar la religión de la vida pública y enclaustrarla en la parroquia y en el ámbito doméstico, por considerarla socialmente “sospechosa”.

 

La prevalencia de la ideología sobre el Derecho en la decisión judicial erosiona indefectiblemente la auctoritas judicial, y convierte un tribunal en nuda potestas. Si además, se reviste de un tono y estilo apologéticos, como es el caso, la venda que ocultaba los ojos de la Justicia aparece así a los pies de los sorprendidos y desprotegidos padres objetores. Como afirma uno de los magistrados disidentes, la sentencia contiene “expresiones absolutas, plenas y superlativas”, evidencia de una encendida –e improcedente- defensa de la materia y de los supuestos éticos en los que se funda (que constituyen una verdadera “religión civil”), a los que otorga una primacía injustificada sobre otros valores éticos tan legítimos (como los de raíz auténticamente religiosa), apostatando así de la debida neutralidad ideológica que todo poder público (también el judicial) debe observar por mandato constitucional ex Artículo 16.3.

 

La sentencia no aplica textos normativos relevantes (p. ej., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), no analiza los Reales Decretos ministeriales que establecen la materia –verdadero “pecado original” de la materia-, y aunque cita sentencias del Tribunal de Estrasburgo, hace caso omiso de los más recientes (casos Folgero y Zengin, ambos de 2007) que reconocen el derecho de los padres a la objeción de conciencia ante materias obligatorias contrarias a su ideología.

 

En definitiva, la decisión justifica preocupantemente un desmedido poder del Estado en materia educativa (al amparo del Artículo 27.2 de la Constitución), en detrimento del contenido esencial del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones (27.3 de la norma suprema), desconfigura el sistema constitucional de libertades y traiciona la ratio essendi de los derechos fundamentales, que son, sobre todo, un límite al poder del Estado.

 

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No contaba Goliat con este inesperado ejército de Davides: miles de padres que, superando nuestro crónico fatalismo y la letal llamada a la adaptación, han plantado cara al poder en su pretensión totalitaria. Ciudadanos responsables han aceptado complicarse la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos, los de hoy y los de mañana.
La soberbia de quien no reconoce límites ha topado con una realidad que no imaginó: los tribunales están dando la razón, de manera abrumadora, a los objetores.
Tenemos confianza en un pronunciamiento del Supremo favorable al derecho de los padres; las argumentaciones recogidas en los fallos judiciales avalan este optimismo. Es razonable esperar que el Supremo declare que esta EpC supera, como advirtió el Consejo de Estado, los límites constitucionales. O, al menos, que frente a ella cabe la objeción de conciencia.
Si ese fallo no se produjera, seguiremos adelante mientras haya una sola familia dispuesta a mantener la lucha por su libertad y la de sus hijos. Llegaremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; donde sea necesario. Es cuestión de compromiso, tenacidad y paciencia.
Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética
(Artículo publicado en Alfa y Omega, 6-11-2008)

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Miguel Ángel Ortega, PROFESIONALES POR LA ÉTICA DE MADRID

Publicado en Profesionales al Día nº 21

En este momento de la historia que providencialmente nos ha tocado vivir, nuestra mirada está transida por la superficialidad de la inmediatez y la apariencia. El hombre de hoy no contempla las cosas tal y como son sino como le parecen ser. No se prioriza la esencia que soporta la propiedad o cualidad; y ésto porque la forma de pensar metafísica, la más humana de todas las formas de contemplación y pensamiento, ha sido desplazada por la pura existencia vacía que solamente se define por lo accidental y transitorio, no por lo esencial y perenne.

Sirva esta pequeña reflexión como preámbulo de la mirada de un sabio, el doctor Lejeune, que testifica ante el juez sobre su parecer como genetista acerca de un problema crucial: ¿se puede tratar un embrión humano con la dignidad propia de la persona? Si la persona se distingue por su capacidad de raciocinio, por su inteligencia y libertad, ¿cómo sustentar un juicio tan atrevido como el de reconocer la misma dignidad a un embriocito de unos pocos cientos de células y a un adulto bien formado, bien pensante, bien “sintiente”…?

La doctora MARÍA DOLORES VILA-CORO transcribe algunos párrafos de la declaración del dr. Lejeune ante el tribunal de Tennessee sobre el comienzo de la vida humana en su libro HUÉRFANOS BIOLÓGICOS. El hombre y la mujer ante la reproducción artificial (editorial San Pablo):

A la pregunta del juez acerca de si el cigoto o embrión era portador de los mismos derechos morales que un ser humano adulto, respondió el testigo:

Por lo que se refiere a su naturaleza, no puedo ver ninguna diferencia entre el jovencísimo ser humano que usted fue y el ser humano mayor que es ahora., porque, en ambos casos, usted era y es un miembro de nuestra especie. Lo que define a un ser humano es su pertenencia a nuestra especie. Ni uno jovencísimo ni uno mayor han cambiado de una especie a otra. Pertenecen al género humano. Esto es una definición. Y diría precisamente que les tengo el mismo respeto, independientemente de su cantidad de kilos e independientemente del grado de diferenciación de los tejidos.

– Dr. Lejeune, permítame asegurarme de que entiendo lo que nos está diciendo, que el cigoto debería ser tratado con el mismo respeto que un ser humano adulto.

– No le digo esto, porque no estoy en posición de saberlo. Le estoy diciendo que es un ser humano, y al juez le corresponde decir si este ser humano tiene los mismos derechos que los demás. Si se establece una diferencia entre seres humanos, hay que aportar las razones de por qué se establece esa diferencia. Pero si usted me pregunta, como genetista, si ese ser es humano, le diría que, puesto que es un ser y es humano, es un ser humano.
– Usted no diferencia que esté en el estado de cigoto o en el estado de feto.
– Existe una diferencia: no tienen la misma edad. Los unos son muy jóvenes, los otros mayores. Pero esto no establece para mí una gran diferencia, pues el hecho sigue siendo la eliminación de un miembro de mi especie. Es la única razón por la que no matamos a la gente, porque son humanos. De lo contrario, algunos de ellos, alguna dificultad en la vida…”

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Managua, 23 de mayo de 2008.  

Cuando la actualidad de Nicaragua se centra casi en exclusiva sobre la vuelta al poder de los sandinistas, está pasando desapercibido para la opinión pública un hecho de gran importancia.

A mediados del mes de octubre, la Presidencia del Gobierno de la República en Nicaragua propuso una reforma legislativa sobre el aborto. Hasta la fecha, el aborto terapéutico estaba permitido en el país, aunque la permisividad legal no tenía traducción tenía en la práctica: la inmensa mayoría de los médicos se negaban a realizar ningún aborto por considerarlo un crimen. Así, los porcentajes de abortos son prácticamente irrelevantes.

La reforma en cuestión pretendía eliminar esta despenalización y considerar el aborto bajo cualquier forma como un delito tipificado y con penas de cárcel. La reacción no se hizo esperar, pero no de la misma manera a la que estamos acostumbrados en Europa. El rechazo a la reforma vino por parte de la comunidad internacional: Unión Europea como institución (y sus países integrantes individualmente considerados), Amnistía Internacional, ONU, etc. Sólo hubo un partido político nicaragüense que se sumó a las protestas de los pro abortistas: el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Se trata de un nuevo partido, escindido del Frente Sandinista de Libración Nacional, que actualmente no cuenta con representación en la Asamblea Nacional, y que por primera vez se presentaba a las elecciones nacionales.

En la calle, en cambio, la presencia fue casi exclusiva del pueblo, manifestándose en contra del aborto y a favor de la penalización del mismo. El cúlmen llegó en la manifestación que congregó a más de 100.000 personas en Managua, cifra histórica que sitúa dicha manifestación en la más numerosa jamás celebrada en la capital.

Una vez que la propuesta de reforma fue sometida a votación dentro de la Asamblea Nacional, el resultado fue abrumador. Ningún voto en contra, alguna abstención, y el resto, tanto de derechas como de izquierdas, emitieron sus votos favorables a la reforma. Esto significa que hasta el Frente Sandinista ha votado a favor de penalizar el aborto terapéutico y de excluir en el país cualquier posibilidad de practicar un aborto.

Al margen de consideraciones de política nacional, lo más asombroso y vergonzoso ha sido el comportamiento de gran parte de la comunidad internacional y de los organismos e instituciones presentes en Nicaragua. Desde hace varios meses han sido muy criticadas desde todos los sectores las injerencias de ciertos países en el proceso electoral, tanto a favor de unos como de otros. En el caso de EEUU, para evitar una victoria del FSLN; y en el caso del eje Venezuela-Bolivia-Cuba, para propiciar una victoria del mismo. Y de hecho así ha sido. Las críticas han provenido tanto de los actores políticos nacionales como internacionales.

Sin embargo, esos mismos actores internacionales que criticaban a unos por su imperialismo y a otros por su juego sucio, no han temblado ni lo más mínimo a la hora de tomar partido por una cuestión legislativa interna. Lamentable espectáculo el de la embajadora sueca en el país encadenándose a la puerta de la Asamblea Nacional para protestar por la reforma, como si de una hippie de las de hace 40 años se tratase.

Lo mismo se puede decir de los representantes de la Comisión Europea, de Naciones Unidas, y casi todas las embajadas europeas que durante 10 días han movilizado la artillería pesada contra Gobierno y Asamblea Nicaragüense para que se frenase la reforma.

Lo más curioso del asunto ha tenido lugar el pasado domingo 5 de noviembre, elecciones a Presidente de la República y Asamblea Nacional. Los mismos que votaron en contra del aborto han obtenido casi el 95% de los votos, quedando el resto para el MRS, la formación que se había manifestado a favor del aborto terapéutico.

¿No es significativo que la sociedad nicaragüense haya votado en ese sentido?
¿No es contradictorio que la Europa del pensamiento único, de respeto al indigenismo, y a sus costumbres, se meta a imponer a los nicaragüenses su perspectiva ideologizada? ¿No estamos pecando también de injerencia y de imperialismo político y cultural?

Ignacio Gutiérrez Carreras
PROFESIONALES POR LA ÉTICA. NICARAGUA

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