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El proyecto de “LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL PROCESO DE LA MUERTE”, nuevo riesgo para la vida e intromisión en la  libertad profesional de los médicos

Madrid, 19 de mayo de 2009.

En relación con el proyecto de Ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de la muerte que se está tramitando en Andalucía, la asociación Profesionales por la Ética desea hacer constar lo siguiente:

  1. Se trata de un paso más en la ilegítima pretensión de introducir en España un inexistente derecho a la muerte, rechazado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
  2. Vulnera los principios de la Recomendación del Consejo de Europa 1418 (1999), según la cual “el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida”.
  3. No responde a ninguna necesidad real de proteger la dignidad del paciente al final de su vida puesto que las normas jurídicas y deontológicas en vigor ya la tutelan satisfactoriamente, conciliando equilibradamente la libertad moral del paciente, las obligaciones éticas del sanitario y los derechos de las instituciones religiosas asistenciales.
  4. Propone prácticas sanitarias que contravienen el artículo 143.4 del Código Penal. Así, la suspensión indebida de tratamientos básicos de soporte vital como la ventilación mecánica.
  5. Se instrumentaliza al médico que se convierte en ejecutor legal de la voluntad del paciente de suicidarse, no respetando debidamente el derecho constitucional del personal sanitario a la objeción de conciencia.
  6. Se abre la vía a la intromisión en la intimidad del paciente mediante la creación de Comités de Ética Asistencial, cuyos miembros podrían ser elegidos arbitrariamente de acuerdo con criterios ideológicos y no exclusivamente técnicos.
  7. Vacía de contenido la libertad constitucionalmente garantizada de las instituciones religiosas asistenciales, que no podrán actuar conforme a sus principios éticos y religiosos, al obligarles a ser cooperadores obligados de pacientes que buscan el suicidio.
  8. Se utiliza un lenguaje claramente manipulado y manipulador de los sentimientos y emociones en relación con un momento vital tan importante como la muerte de una persona.

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Publicado el 11-5-2007

La eutanasia constituye un claro atentado contra la vida humana, agravado además por el hecho de que afecta a personas que padecen graves sufrimientos, y que por tanto no suelen tener la suficiente capacidad para expresar libremente cual es su voluntad.

En el debate social y político planteado sobre la cuestión, hay que destacar en primer lugar la confusión terminológica utilizada por los defensores de la autodenominada “muerte digna”, y que en realidad no es otra cosa que la eliminación de un ser humano. Cabe distinguir la eutanasia, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como aquella “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente” a causa de una enfermedad terminal, del auxilio al suicidio o suicidio asistido, que no afecta a enfermos terminales sino a quienes padecen una enfermedad irreversible. En el otro extremo estaría la llamada “ortotanasia” o encarnizamiento terapéutico, que supone el uso de medios técnicos desproporcionados para intentar prolongar la vida de un paciente que padece una dolencia irreversible, conducta que tampoco resulta éticamente aceptable.

Los defensores de la eutanasia utilizan conscientemente esta confusión para defender sus planteamientos, e intentan utilizar a personas que se encuentran con importantes problemas de salud para presentarlos como casos extremos, apelando a los sentimientos en lugar de a la razón, para poder manipular convenientemente a la opinión pública. Pero muchos de los supuestos que plantean no constituyen propiamente peticiones de eutanasia, sino de ayuda al suicidio, dado que no se trata de pacientes terminales, sino de personas que sufren de enfermedades o discapacidades crónicas, pero que no conllevan una situación de muerte inminente. Se sirven también del apoyo de buena parte de los medios de comunicación y en muchos casos de la propia administración. Así tenemos por ejemplo la promoción de la película “Mar adentro”, a cuyo estreno asistieron varios ministros del Gobierno central, lo dispuesto en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, o el reciente documento aprobado en dicha Comunidad Autónoma por el Consejo Consultivo de Bioética, en el cual se defiende la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. Igualmente diversas fuerzas políticas defienden dicha medida. No obstante guardan silencio y nunca divulgan los numerosos casos de personas que encontrándose en situaciones difíciles saben sobrevellevarlas, que demuestran su afán de superación y que desean seguir viviendo.

Sin embargo la eutanasia en ningún caso puede considerarse como la solución a un problema respecto de aquellos pacientes que la solicitan. En cuanto a los enfermos terminales, la verdadera solución está en la mejora de su atención, sobretodo mediante la extensión de las unidades de cuidados paliativos y el establecimiento de programas de apoyo tanto a los afectados como a sus familiares. En cuanto a los que padecen situaciones de discapacidad o afecciones crónicas, lo que resulta realmente adecuado es incrementar las ayudas a los interesados y a sus familias, como ya se ha puesto de relieve tras la aprobación de la Ley de Dependencia. Los poderes públicos deben incrementar las medidas de asistencia y cuidado de estas personas, y promover las asociaciones que velan por sus derechos, para que no tengan que soportar una situación de desamparo o de gran presión emocional.

Además, cabe recordar que en los lugares en los que se ha despenalizado esta conducta, cada vez se producen más abusos, y se acaba matando a muchas personas sin su consentimiento, por ser consideradas como una carga por sus propios familiares o por el personal sanitario que las atiende. En este sentido el ejemplo de Holanda es paradigmático. En dicho país más de un tercio de las “eutanasias” se realizan sin la voluntad del paciente, y ya se están aplicando sobre menores de edad. Si se despenaliza la eutanasia, como ya sucedió con el aborto, se crea un precedente y se deja abierta una puerta en la que cada vez van entrando más supuestos. Por otra parte no hay que olvidar que en la historia contemporánea el primer régimen en permitirla fue el nacionalsocialista de Hitler.

Por otra parte el hecho de que normalmente sea practicada con la intervención de personal médico o sanitario supone una infracción de sus obligaciones profesionales, ya que atenta contra sus principios deontológicos. Su deber ha ser siempre el de procurar salvar la vida y proteger la salud de los pacientes, y nunca el de eliminarla, conducta que es radicalmente contraria a dichas obligaciones. La eutanasia es contraria a los principios generales de la bioética. Va contra el de beneficencia, ya que no favorece en nada a quien se aplica. Contra el de no maleficencia, porque matar es el ejemplo más extremo de conducta perjudicial para el enfermo. Contra el de autonomía, porque muchos de los pacientes no están en condiciones de prestar libremente su consentimiento, y porque la privación de la vida (que es un derecho personalísimo e indisponible por parte de su titular), no la realiza el interesado, sino un tercero que se apropia indebidamente de dicho derecho. Finalmente contra el de justicia, porque nadie puede privar de la vida a otro, y porque además esto produce obviamente consecuencias irreversibles para quien es privado de ella.

Además la eutanasia esconde muchas veces intereses ocultos, como puede ser el conseguir una herencia en menos tiempo, eliminar a familiares que pueden constituir un estorbo, o en el caso de los poderes públicos, para reducir el gasto sanitario, o el de las pensiones por invalidez o de jubilación.

En definitiva, hay alternativas razonables y suficientes para evitar la eutanasia, y para que quienes hoy en día la solicitan puedan tener la ayuda y el apoyo que precisan. Tras muchas peticiones de eutanasia se esconden muchas veces situaciones de abandono, de falta de cariño y de apoyo, y constituyen en realidad una llamada de socorro. Desde Profesionales por la Ética instamos a las diferentes administraciones a desarrollar políticas sociales y sanitarias en este sentido, pero también a la sociedad, a atender y hacer frente a estas situaciones, para que nadie sienta la necesidad de pedir su propia muerte.

José AGUDO- Responsable del Área de Bioética de PROFESIONALES POR LA ÉTICA

 

 

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Profesionales por la Ética alerta sobre la intencionalidad del “Anteproyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte” como legislación experimental que pretende abrir la puerta a la eutanasia.
 
Sevilla, 15 de septiembre de 2008.

Tras el análisis del texto del anteproyecto, Profesionales por la Ética quiere manifestar lo siguiente:
 
1.- Este anteproyecto legaliza, bajo determinadas condiciones, la eutanasia solicitada por un paciente, por lo que vulnera las exigencias del artículo 15 de la Constitución, al generar un supuesto “derecho a la muerte” que tanto el Tribunal Constitucional (“la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho”, Sentencias TC 137/90; 120/1990) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia Pretty c/. Reino Unido, 29 abril de 2002) han negado reiteradamente.

2.- Contraría la Recomendación 1418 (1999) del Consejo de Europa, según la cual: “el deseo de morir expresado por el enfermo terminal o moribundo no puede constituir la base jurídica de su muerte a manos de un tercero” ni constituir “una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida.”

3.- Vulnera el  artículo 2.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al incumplir las obligaciones positivas del Estado de poner los medios para evitar el menoscabo del derecho a la vida, y establecer excepciones al derecho a la vida no contempladas por dicho tratado internacional.

4.- Es contraria al Convenio Internacional de Oviedo, al no subordinar expresamente las intervenciones sanitarias al interés, beneficio o salud del paciente.

5.- Vulnera las exigencias el Artículo 11.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que obliga a no seguir las instrucciones previas del paciente que sean contrarias al ordenamiento jurídico y a la «lex artis».

6.- Contraría también las normas deontológicas de los profesionales sanitarios, obligando indebidamente a los mismos a respetar las preferencias del paciente en la toma de decisiones clínicas y omitiendo el derecho constitucional a la objeción de conciencia.

7.- Esta ley desdibuja los perfiles penales de la eutanasia, reduciendo su ámbito semántico y generando su progresiva aceptación social. Asimismo promueve una absoluta autonomía de la persona como fuente de pretendidos derechos inexistentes en el Derecho en vigor.

8.- Lo que se postula como una ley “a favor” de la dignidad de la persona acabará convirtiéndose en fuente ingente de conflictos por la desprotección de los profesionales sanitarios, de las familias e instituciones y de los propios pacientes en sus derechos fundamentales.

9.- No hay que olvidar que la ley afectará, no sólo a los centros sanitarios públicos sino también a las instituciones sanitarias con ideario, residencias de mayores, compañías de servicios médicos y aseguradoras.

10.- El objetivo, de facto, de esta ley es la modificación del régimen jurídico actual en materia de eutanasia, introduciendo en el ordenamiento jurídico español una norma-cuña que pretende consagrar un pretendido derecho “territorial” que haría de Andalucía un “referente” en la regulación de la muerte.

11.- La introducción del difuso y subjetivo concepto de “calidad de vida” es un cheque en blanco para otorgar al paciente la posibilidad (no reconocida por nuestro derecho) de exigir a terceros la cooperación al suicidio.

12.- La legalización de la eutanasia es una injusta presión sobre los pacientes más débiles, a los que se les abre la puerta del suicidio asistido para evitar sentirse como una carga social y familiar.

13.- Llama la atención el catálogo de sanciones por incumplimientos previstas en el anteproyecto de ley (hasta 1 millón de euros) en un tema de gran sensibilidad, sobre el que no existe un consenso social, y donde cabe prever graves conflictos de conciencia.
 
Por todo ello, Profesionales por la Ética recuerda a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la obligación de respetar el ordenamiento constitucional y europeo para cualquier desarrollo normativo autonómico y la necesidad de contar con los profesionales sanitarios y las comisiones deontológicas para cualquier propuesta de modificación del actual ordenamiento.

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