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Entrevista con la profesora Rosa Mª Satorras, una de las mayores experta en libertad de enseñanza

 

 Madrid, 18 de diciembre de 2008. En el marco de su campaña a favor de la objeción de conciencia frente a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, la asociación Profesionales por la Ética ha realizado una entrevista a Rosa Mª Satorras Fioretti, una de las mayores expertas de España en libertad de enseñanza. Es profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Barcelona, consultora de la Universidad Oberta de Cataluña, tutora en la UNED y autora de quince libros relacionados con su especialidad, entre ellos el manual universitario Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado, una publicación de referencia en el ámbito académico.

 

Este es el contenido de la entrevista:

  

1.   ¿Qué problema hay con las asignaturas de Educación para la Ciudadanía?

 

Para contestar a esta pregunta hay que saber primero cuál es nuestro marco educativo constitucional. En primer lugar, se establece que los padres tienen el derecho fundamental a escoger la formación, no sólo religiosa, sino también moral de sus hijos; igualmente, tienen el derecho a escoger centro docente público o privado, así como el tipo de educación que para ellos quieran; en segundo lugar, los particulares tienen el derecho a crear centros docentes con un ideario educativo propio (sea religioso, sea ideológico, etc.); y, en tercer lugar se preceptúa que en los centros públicos, al igual que en la legislación educativa en general, en un Estado aconfesional como en nuestro, y que reconoce la libertad religiosa e ideológica, la enseñanza debe ser tendencialmente neutral.

 

Por tanto, cuando los poderes públicos se extralimitan en sus funciones, incorporando a una asignatura contenidos claramente morales, sean del signo político que sean, porque hoy son unos, pero mañana podrían ser los contrarios, se rompe todo este equilibrio constitucional que llevábamos manteniendo en la actual etapa  democrática, y el sistema se quiebra por todas partes; se vulneran cada uno de  los derechos de la comunidad educativa, porque: se impide ejercer a los padres el derecho fundamental a la elección de la formación religiosa o moral de los hijos, así como la de su tipo de educación; se cercena el derecho de los particulares a crear centros docentes con un  ideario determinado, puesto que al final no podrán desarrollarlo o lo tendrán que contradecir (no olvidemos, que los centros concertados tienen naturaleza de privados, no de públicos, y que por ello participan de los derechos que la Constitución les otorga); e, igualmente, se quiebra el precepto constitucional que exige la neutralidad ideológica pública, porque si se opta por una postura, se están excluyendo las demás, lo que es incompatible con el principio de igualdad ideológica o religiosa.

 

2.   ¿Por qué objetan los padres a Educación para la Ciudadanía?

 

Porque quieren defender sus derechos fundamentales, porque la Constitución, tras muchos años de dictadura ideológica, les permite, de una vez por todas decidir la moral que inculcar a sus hijos y les otorga una zona de inmunidad frente a injerencias externas, tanto de terceros, como del Estado. Por fin son ellos los que deciden, y no los poderes públicos los que deciden por ellos, como si los menores de edad fuesen los padres, y no los hijos. Precisamente contra estas intromisiones públicas luchaba la Institución Libre de Enseñanza, que parece que inspira sólo de nombre toda esta cruzada ideológica.

 

3.   Jurídicamente, ¿cree Vd. que puede ser reconocida la objeción a Educación para la Ciudadanía?

 

No sólo lo creo, sino que lo sostengo doctrinalmente en mis publicaciones. La objeción de conciencia forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad religiosa e ideológica reconocido en el art.  16.1 de la Constitución. Si, en este caso, yo no puedo negarme a que las normas ideológicas se me apliquen, sencillamente no tengo libertad ideológica o de conciencia, sino mera libertad de expresión. Si el Estado puede hacer «normas morales» de obligado cumplimiento, es que no existe principio de igualdad religiosa o ideológica, es que nuestro Estado no es aconfesional. Cuando hacemos referencia a «aconfesional», no sólo estamos ante la imposibilidad de adoptar como oficial determinada confesión religiosa, sino ante la imposibilidad de establecer para la población normas morales de un signo determinado (aunque sean laicas).

 

4.   ¿Qué peculiaridades presentan las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en Cataluña?

 

En Cataluña, han adoptado el espíritu de los Reales Decretos nacionales, pero llevándolos a sus extremos. Lo que, personalmente, más me preocupa es que exijan de los niños, a la hora de ser evaluados de una asignatura curricular obligatoria, la asunción (no la comprensión o la expresión, sino la asunción) de todo un conjunto de ideas, planteamientos, principios y formas de actuación de contenido clarísimamente moral, que es el espacio de actuación de la familia o, en todo caso, de las escuelas con ideario propio en quienes delega la familia. No se trata simplemente de que los niños conozcan derechos y obligaciones democráticos, sino de que tomen postura sobre cuestiones morales e incluso religiosas en las que el Estado nada tiene que decir. A  mi entender, tal como están redactados los decretos catalanes conducen a la exclusión de toda postura trascendente en el individuo, porque convencen de que lo que no se puede alcanzar por la racionalidad y el pensamiento crítico, no puede ser asumible. Pienso que esta generación pagará un precio muy alto por estas incoherencias educativas si no se les pone freno.

 

 

 

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