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El cambio de postura de la Comunidad con una nueva carta a los centros provoca a las familias inseguridad frente al adoctrinamiento

Madrid, 4 de marzo de 2009. En el día de ayer, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha comenzado el envío de una carta a los directores de los centros educativos madrileños para que los alumnos de 2º y 4º de ESO cursen las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos sin adoctrinamiento de ningún tipo, conforme a las sentencias del Tribunal Supremo y al Decreto 23/2007 de 10 de mayo de la Comunidad de Madrid y de acuerdo con el proyecto educativo de su centro.

Ante esta nota, Profesionales por la Ética quiere hacer constar:

 1.     La Comunidad de Madrid ha cedido, por motivos políticos, a las presiones de los sindicatos que están actuando en este asunto como correa de transmisión del Gobierno socialista. Sólo así cabe explicar esta injustificable precipitación. Desde el punto de vista jurídico, ninguna de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo afecta a Madrid y, además, van a ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. Con esta decisión, la Consejería ha abandonado a los 15.794 objetores registrados en la Comunidad de Madrid, que quedan sin el amparo institucional que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, prometió durante la campaña de las elecciones regionales y que había sido desarrollado en una Circular de comienzo de curso.

2.     Los riesgos reales de adoctrinamiento de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía exigen una postura más responsable y comprometida de una Administración educativa que se presenta como sensible con las libertades ciudadanas. En este sentido, solicitamos a la Comunidad de Madrid que sea proactiva en la adopción de medidas positivas y concretas, tanto legislativas como administrativas, que impidan el adoctrinamiento en los centros escolares.

3.     Igualmente, exigimos a la Consejería de Educación que notifique individualmente a los padres objetores -y no sólo a los directores de los centros el cambio de postura de la Comunidad de Madrid y la denegación de la objeción, con expresa indicación de la posibilidad de recurso, tal y como es legalmente preceptivo. De no hacerlo, dejaría a muchos miles de padres en situación de indefensión.

4.     Lamentamos que la carta de la Consejería de Educación propicie una real segregación de alumnos en función del centro educativo al que acudan y, en buena medida, de su nivel de renta. Esta segregación está prevista en la carta de la Consejería de Educación porque autoriza que los alumnos de centros con proyecto educativo propio puedan recibir una Educación para la Ciudadanía adaptada mientras que los alumnos de centros públicos, que además son mayoría, quedan a expensas de unas asignaturas y unos libros de texto que imponen criterios morales que no son  compartidos por todos.

5.     Solicitamos a la Comunidad de Madrid una mayor transparencia y que aclare a la opinión pública en qué situación se encuentra el decreto autonómico que desarrolla las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en la Comunidad de Madrid para la etapa de ESO, puesto que el Ministerio de Educación ha recurrido dicha norma en los tribunales al considerar que no responde a los contenidos mínimos de Educación para la Ciudadanía.

6.     Profesionales por la Ética prestará apoyo a aquellos padres que, en ejercicio de su libertad de conciencia, opten por mantener a sus hijos fuera de clase. Asimismo ofrecerá la asistencia jurídica necesaria para el ejercicio de cuantas acciones sean oportunas.

Por último, Profesionales por la Ética ha solicitado entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid para mostrarle el más firme rechazo del cambio de postura adoptado con esta circular y recordarle que el Tribunal Supremo no sólo ha abierto a las familias nuevas vías para defender sus derechos frente al adoctrinamiento de la materia -por ejemplo, recurriendo el contenido de algunos manuales de texto usados para impartirla-, sino que además, lejos de descartarla por completo, admite abiertamente la posibilidad del reconocimiento de la objeción de conciencia: 

 “Nada impide al legislador ordinario, siempre que respete las exigencias derivadas del principio de igualdad ante la ley, reconocer la posibilidad de dispensa por razones de conciencia a determinados deberes jurídicos“. (…) “Lo que ocurre es que se trataría de un derecho a la objeción de conciencia de rango puramente legislativo -no constitucional- y, por consiguiente, existente sólo en virtud de la libertad de configuración del ordenamiento de que dispone el legislador democrático; esto es, podría crear, modificar o suprimir dicho derecho según lo estimase oportuno” (Fundamento jurídico 8.º de la sentencia de Andalucía y 7.º de las sentencias de Asturias).

Por lo tanto, la Comunidad de Madrid podrá reconocer plenamente el derecho de los padres a objetar para que sus hijos sean eximidos de cursar Educación para la Ciudadanía, en cualquiera de sus denominaciones.

 

 

 

 

 

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