Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘NAVARRA’

Artículo escrito por José Luis Bazán, Coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética y publicado en Diario de Navarra, 1 de noviembre de 2008.

El maremágnum judicial en el que comienza a zozobrar Educación para la ciudadanía tras las decenas de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de La Rioja, Andalucía y, en menor medida, Asturiasque reconocen el derecho de los padres a objetar en conciencia contra la materia-, ha encontrado en Navarra una aparente e incomprensible “excepción foral”.

 

El buque insignia del proyecto de ingeniería social del gobierno de la Nación, plasmado en los Reales Decretos que regulan las enseñanzas de Primera, ESO y Bachillerato, pretende -nada menos- construir la conciencia moral de los futuros votantes según una doctrina ética que se convierte en oficial en virtud de la imposición legal, sin respeto alguno al derecho preeminente de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones (Artículo 27.3 Constitución). Tales Reales Decretos son normas obligatorias que marcan los contenidos mínimos que todas las Comunidades, incluida Navarra, deben incorporar en su normativa educativa, sin que, por otro lado, los profesores o centros educativos tengan legitimidad ab initio para excluir parte de los mismos contrarios a su ideario (lo que indebidamente algunos quieren hacer pasar por una no autorizada “adaptación”).

 

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado su primera sentencia en la materia, negando el derecho de los padres a objetar en conciencia contra el que algunos denominan “catecismo del buen socialista”. La lectura de la citada sentencia (en la que dos magistrados han formulado contundentes y bien fundados votos disidentes), resulta decepcionante y sobrecogedora para el jurista no aficionado a malabares políticos o que no se apunta al llamado “pensamiento débil”, sobre todo por el preocupante tinte ideológico de las tesis en que se funda. Pero no es menos reseñable su inapropiado estilo apologético, la inaplicación de relevantes normas en vigor cuyo examen hubiera procedido, una pobre consideración de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre objeción de conciencia educativa, y el vaciamiento del contenido esencial del derecho de los padres a la educación moral de sus hijos.

 

Es ideológico (y, por tanto, impropio de un tribunal) asumir y aplicar como criterio jurídico de decisión una mera opinión ética de las posibles en un régimen democrático pluralista. Así, un ciudadano tiene plena legitimidad para asumir la tesis que escinde la Ética en pública y privada -defendida por ciertos filósofos “oficiales” como Peces-Barba-, pero es inaceptable que un órgano judicial haga una defensa de la misma en una sentencia y utilice su potestad para

elevarla a rango de doctrina ética única de obligada adhesión, en menoscabo de derechos fundamentales como la libertad ideológica y el derecho a la educación de los recurrentes. Pero no menos ideológica e inaceptable es la tesis, que el Tribunal también asume, de que el positivismo jurídico es la única doctrina posible por considerarla una noción neutral y objetiva en el tratamiento de los Derechos Fundamentales (¿cómo puede ser objetivo el derecho fundado en la subjetividad compartida?). Por no extendernos en la tendenciosa afirmación recogida en su Fundamento Jurídico Séptimo, de que nuestro Estado es laico, cuando la Constitución consagra (Art. 16.3) la aconfesionalidad estatal, principio que presupone la admisión del ejercicio público de la libertad religiosa como un bien social, a diferencia del laicismo, que pretende expulsar la religión de la vida pública y enclaustrarla en la parroquia y en el ámbito doméstico, por considerarla socialmente “sospechosa”.

 

La prevalencia de la ideología sobre el Derecho en la decisión judicial erosiona indefectiblemente la auctoritas judicial, y convierte un tribunal en nuda potestas. Si además, se reviste de un tono y estilo apologéticos, como es el caso, la venda que ocultaba los ojos de la Justicia aparece así a los pies de los sorprendidos y desprotegidos padres objetores. Como afirma uno de los magistrados disidentes, la sentencia contiene “expresiones absolutas, plenas y superlativas”, evidencia de una encendida –e improcedente- defensa de la materia y de los supuestos éticos en los que se funda (que constituyen una verdadera “religión civil”), a los que otorga una primacía injustificada sobre otros valores éticos tan legítimos (como los de raíz auténticamente religiosa), apostatando así de la debida neutralidad ideológica que todo poder público (también el judicial) debe observar por mandato constitucional ex Artículo 16.3.

 

La sentencia no aplica textos normativos relevantes (p. ej., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), no analiza los Reales Decretos ministeriales que establecen la materia –verdadero “pecado original” de la materia-, y aunque cita sentencias del Tribunal de Estrasburgo, hace caso omiso de los más recientes (casos Folgero y Zengin, ambos de 2007) que reconocen el derecho de los padres a la objeción de conciencia ante materias obligatorias contrarias a su ideología.

 

En definitiva, la decisión justifica preocupantemente un desmedido poder del Estado en materia educativa (al amparo del Artículo 27.2 de la Constitución), en detrimento del contenido esencial del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones (27.3 de la norma suprema), desconfigura el sistema constitucional de libertades y traiciona la ratio essendi de los derechos fundamentales, que son, sobre todo, un límite al poder del Estado.

 

Anuncios

Read Full Post »