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Posts Tagged ‘NOTA DE PRENSA’

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Madrid, 20 de julio de 2009. Ante las perversas violaciones de niñas llevadas a cabo por adultos y niños que han tenido lugar en los últimos días en Córdoba y Huelva, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha manifestado una lógica preocupación. Gabilondo ha afirmado, entre otras cosas, que «educación y sociedad van de la mano, por lo que tenemos que interiorizar seriamente qué escala de valores, convicciones y modelo de sociedad tenemos y qué valores estamos transmitiendo». Además, el ministro pidió «reflexionar a fondo» sobre lo que ocurre en «una sociedad donde menores de edad tienen tan dislocados los valores como para hacer esos atropellos».

Ante estas declaraciones, Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, ha expresado su acuerdo con las palabras del ministro. «Compartimos con Gabilondo su preocupación por la educación y la transmisión de valores».

En este contexto, Profesionales por la Ética tiene dos preguntas para el ministro Gabilondo:

  1. ¿Considera Vd. que el multimedia de Educación para la Ciudadanía Sexpresan (ver imágenes 1 y 2) que recomienda la web del Ministerio de Educación y que incita a la iniciación sexual de adolescentes de 12 años es lo más adecuado para la formación de los jóvenes?
  2. ¿Qué le parece que el manual de Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO de la editorial McGrawHill (recurrido ante los tribunales por una familia andaluza) afirme en su página 41 que la mayor parte de las llamadas «perversiones sexuales» carecen de sentido, pues, en último término, no serán sino diferentes formas de conducta?

«En todo caso», concluye Fernández de Alarcón, «estos terribles sucesos tienen múltiples causas pero la fundamental es el relativismo moral, la ausencia de referencias de lo que es el bien y de lo que es el mal y la carencia de límites, especialmente en las relaciones sexuales. Es un entorno educativo que no ofrece modelos de fidelidad, compromiso y desarrollo integral de la persona; por el contrario, se prima la cultura del deseo por encima de todo, algo que deshumaniza y acaba convirtiendo a los jóvenes en depredadores. Es hora de que los que defienden este proyecto educativo (muy evidente en las asignaturas de Educación para la Ciudadanía) hagan una autocrítica seria y permitan que todos nos impliquemos en formar personas sin intromisiones ideológicas».

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Madrid, 16 de julio de 2009. Esta misma semana, el ministro de Justicia ha adelantado algunos aspectos de la reforma que, en materia de libertad religiosa y derecho a la objeción de conciencia, está preparando el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Entre las afirmaciones del señor Caamaño sobresalen algunas muy preocupantes, como cuando afirma que «también la libertad religiosa tiene que tener límites» o que «la libertad de conciencia no puede ser una excusa permanente para desobedecer la ley».

En este marco, Profesionales por la Ética ha emitido un comunicado (incluido al final de este correo) en el que recuerda que el derecho a la libertad religiosa, de culto y religión es uno de los derechos fundamentales, recogido en todas y cada una de las declaraciones internacionales de derechos humanos suscritas y ratificadas por España. Según Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, «la desconfianza que el ministro expresa hacia la conciencia individual, reducto personal previo a cualquier legislación positiva, trasluce una mentalidad débilmente democrática. Tratar la conciencia de los ciudadanos como “excusa” es inaceptable en un responsable político».

Finalmente, Profesionales por la Ética solicta al ministro de Justicia o, en su defecto, al presidente de Gobierno, que aclare si las declaraciones realizadas por Caamaño reflejan o no la letra o el espíritu de la reforma en materia de libertad religiosa. «En caso de que la nueva legislación sea un pretexto para limitar libertades fundamentales, exigimos una inmediata rectificación», concluye Fernández de Alarcón.

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Porque los padres recurren contra un libro de texto

Madrid, 9 de junio de 2009. El primer recurso contra un manual de Educación para la Ciudadanía (EpC), concretamente el de 3º de ESO de la editorial McGraw Hill, ya ha sido admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La demanda contra el libro de texto se basa en las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en relación con la objeción de conciencia a EpC. Las citadas sentencias indicaban que la materia Educación para la Ciudadanía no debía «deslizarse hacia el adoctrinamiento»; y si esto sucedía, los padres tenían todo el derecho a recurrir a los tribunales.
Pues bien, según Fabián Fernández de Alarcón, es de sobra conocido que el demandado libro de McGraw Hill obliga a los alumnos a asumir como propios determinados valores. Así, según el estudio realizado por varios profesores universitarios, este manual de EpC incluye afirmaciones como las siguientes:
 «La Carta de la Tierra constituye un verdadero código ético del Desarrollo Humano».

 «Mientras una gorriona únicamente intentará satisfacer sus impulsos sexuales con un gorrión (y un gorrión con una gorriona), en el caso de los seres humanos puede suceder que una mujer prefiera satisfacer los suyos con un hombre, con una mujer (o un hombre con otro hombre), consigo misma o, incluso, renuncie a satisfacerlos (algunas personas hacen votos de castidad)».

«La mayor parte de las llamadas “perversiones sexuales” carecen de sentido, pues, en último término, no serán sino diferentes formas de conducta…».

 El liberalismo económico es la causa definitiva de la feminización de la pobreza.
Entre las actitudes de las que se debe evaluar al alumno, según el proyecto de EpC de la editorial McGraw Hill, están el «reconocimiento de la existencia de conductas sexuales diferentes a las nuestras». En el apartado relativo a los derechos humanos, el alumno no se limitará a conocer y valorar la Declaración Universal de Derechos Humanos sino que deberá mostrar «aprecio de la razón de ser de las tres generaciones de derechos humanos». En la unidad didáctica dedicada a la convivencia de distintas culturas, el alumno se verá obligado a «apreciar los valores del relativismo cultural».
«En definitiva», explica Fabián Fernández de Alarcón, «gustará más o menos lo que dice este libro de texto pero es indudable que vulnera completamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los padres tienen todo el derecho de llevarlo a los tribunales». Sin embargo, a juicio de Fernández de Alarcón, el problema no radica en los libros sino en un conjunto de asignaturas que, lejos de enseñar Constitución y Declaración Universal de los Derechos Humanos, se adentra en la educación moral de los alumnos de una manera invasiva».

Por ese motivo, numerosos padres de familia mantienen su objeción a EpC. La demanda de información aumenta a medida que los padres conocen que EpC se implantará el año que viene, con carácter obligatorio, en 5º o 6º de Primaria (según la Comunidad Autónoma).

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La Administración educativa incumple las sentenciassobre objeción a EpC

Madrid, 18 de junio de 2009. A punto de finalizar el curso escolar, resulta evidente que las administraciones educativas no han hecho sus deberes.

Como es sabido, en el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo resolvió sobre la objeción a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). El Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los colores se apresuraron a exigir a los objetores que entraran en clase y abandonáran su oposición a las asignaturas.

El problema es que las sentencias del Supremo tenían un «apartado b» que las Administraciones educativas no han querido aplicar. Básicamente, las 5 sentencias dictadas indican que las asignaturas obligatorias de EpC

no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa- ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas.

Pues bien, según explica José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, las administraciones educativas están incumpliendo las sentencias del Supremo de dos maneras:

  • Por acción. Es decir, recomendando expresamente materiales didácticos claramente adoctrinadores. Es el caso de la Junta de Andalucía, que incluye en su web (entre otras recomendaciones) el vídeo del Día del Orgullo Gay para abordar EpC. De igual modo actúa el Ministerio de Educación, que incluye actividades didácticas para EpC consistentes en debatir lo que hace bien y mal la Iglesia católica (ver imagen 1). Institutos de Enseñanza Secundaria como el Laguna de Joaztel de Getafe (dependiente de la Comunidad de Madrid) recomiendan el multimedia Sexpresan (premiado por el Ministerio de Educación) que invita a los adolescentes a autoexplorarse para  encontrar las zonas placenteras de su cuerpo (ver imagen 2).
  • Por omisión. Las Consejerías de Educación no han adoptado ninguna medida para garantizar la neutralidad educativa exigida por el Tribunal Supremo mediante la revisión de los libros de texto y los materiales y actividades didácticas de EpC. Es más, ni siquiera han informado a los profesores ni a los centros de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Supremo en el sentido de ser extremadamente objetivos en las cuestiones que se exponen.

«En definitiva», explica Bazán, «no es lógico que el Gobierno nacional y los gobiernos autonómicos exijan a los padres que no objeten a EpC mientras ellos no cumplen con su parte de las sentencias. Por tanto, es perfectamente legítimo que los padres sigan oponiéndose al adoctrinamiento escolar incluso mediante la objeción de conciencia, si así lo consideran oportuno».

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Madrid, 23 de junio de 2009. Por si los padres y madres no se han dado cuenta todavía, el famoso conjunto de asignaturas denominado Educación para la Ciudadanía (EpC) es la doctrina de Zapatero impuesta obligatoriamente en la escuela. Y la posibilidad de adaptar estas asignaturas «al proyecto o ideario del centro» no existe legalmente. Así, por ejemplo:

 En Castilla y León, María Blanco, procuradora en las Cortes por el PSOE, ha anunciado que va a proponer la creación de una comisión que vigile cómo se está impartiendo EpC en los centros escolares de Castilla y León, especialmente los contenidos relativos a las reivindicaciones de colectivos homosexuales.

 En el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Ames (La Coruña), las clases de EpC para alumnos de 13 años han servido para «reconocer los aspectos negativos y positivos de la personalidad de los alumnos».

 En el IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela), EpC ha abordado la educación sexual de los alumnos, concretamente el aborto, la homosexualidad y los preservativos.

«Es la doctrina Zapatero en estado puro», explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética. Es decir, imposición de la diversidad sexual en la escuela, intromisión en la intimidad y en la afectividad del alumno y educación al estilo de Bibiana Aido. Según Fernández de Alarcón, el proyecto cultural de Zapatero es de largo alcance e implica arrebatar a los padres la educación moral de sus hijos. Por eso, asegura, «el aborto para menores de 16 años sin conocimiento de los padres y EpC son dos caras de una misma moneda: es el Estado quien modela la moral y la conciencia de jóvenes y adolescentes. Y, con la ley en la mano, no hay posibilidad alguna de adaptar EpC».

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Madrid, 25 de junio de 2009. Cuando el 28 de enero pasado se dio a conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre objeción a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (o Educación Ético-Cívica, nombre de la materia en 4º de ESO), el Gobierno y sus terminales mediáticas quisieron pasar página asegurando que el tema EpC estaba cerrado y que todos los objetores debían volver a clase.

«Para sorpresa de muchos», asegura Leonor Tamayo, portavoz de Educación de Profesionales por la Ética, «hemos recabado datos y, al finalizar el presente curso escolar, constatamos que al menos 739 alumnos no han entrado en clase de las asignaturas de EpC en todo el curso. Los casos más llamativos son los de Andalucía, dónde no han entrado en clase 200 alumnos; en Madrid, 189 y en la Comunidad Valenciana, 143.

Según Tamayo, las sentencias del Supremo sólo afectaban a 4 casos. Entre las 52 mil objeciones presentadas hay alumnos de todos los cursos, les toque o no recibir EpC ese año porque la objeción puede tener carácter preventivo. Son los alumnos que han tenido que dar EpC este año los que han tenido que decidir si entraban o no a clase.

¿En qué situación legal y académica se encuentran los alumnos que no han entrado en clase de EpC? «En primer lugar», explica Tamayo:

·         «Sólo estaban obligados a entrar en clase los que habían sido afectados por alguna resolución judicial.
·         De los 739 que no han entrado hay de todo: familias que asumen el suspenso con el orgullo de defender su libertad frente a la intromisión del Estado; otros que han sido evaluados mediante trabajo alternativo a EpC (tal como solicitaban los padres en la declaración de objeción), ya que el centro escolar les ha dado facilidades; otros (los que han sido declarados exentos por resolución judicial) aparecen en las notas con un no evaluado.
·         En todo caso, si titulan o no (en el caso de los alumnos de 4º de ESO) no se sabrá hasta septiembre. Nuestro sistema escolar es muy flexible y permisivo, se toleran prácticamente todas las situaciones: no hay razón para que no se encuentren vías de amparo a los objetores a EpC en cada caso y en cada centro».

¿Qué va a pasar el curso que viene? «Evidentemente», asegura Tamayo, «los padres harán lo que quieran, libre y responsablemente. Pero lo cierto es que después de las sentencias del Supremo no ha cambiado nada; es más, el Ministerio de Educación ha incluido en su web materiales nuevos relativos a EpC que se introducen en la intimidad de los alumnos y en los derechos de los padres. Y en Zaragoza se han dictado dos sentencias posteriores a las del Supremo amparando de nuevo a los objetores. Desde Profesionales por la Ética vamos a seguir informando y asesorando a los padres; si desean objetar, les informaremos de las consecuencias en cada caso, pero la decisión será de ellos. Aunque desde luego confirmamos que el año que viene objetarán miles de padres».

Tamayo reitera que el problema de esta EpC no son tanto los contenidos sino el planteamiento general de este conjunto de asignaturas, el propósito de formar la conciencia moral de los alumnos desde el Estado o el gobierno de turno.

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El proyecto de “LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL PROCESO DE LA MUERTE”, nuevo riesgo para la vida e intromisión en la  libertad profesional de los médicos

Madrid, 19 de mayo de 2009.

En relación con el proyecto de Ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de la muerte que se está tramitando en Andalucía, la asociación Profesionales por la Ética desea hacer constar lo siguiente:

  1. Se trata de un paso más en la ilegítima pretensión de introducir en España un inexistente derecho a la muerte, rechazado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
  2. Vulnera los principios de la Recomendación del Consejo de Europa 1418 (1999), según la cual “el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida”.
  3. No responde a ninguna necesidad real de proteger la dignidad del paciente al final de su vida puesto que las normas jurídicas y deontológicas en vigor ya la tutelan satisfactoriamente, conciliando equilibradamente la libertad moral del paciente, las obligaciones éticas del sanitario y los derechos de las instituciones religiosas asistenciales.
  4. Propone prácticas sanitarias que contravienen el artículo 143.4 del Código Penal. Así, la suspensión indebida de tratamientos básicos de soporte vital como la ventilación mecánica.
  5. Se instrumentaliza al médico que se convierte en ejecutor legal de la voluntad del paciente de suicidarse, no respetando debidamente el derecho constitucional del personal sanitario a la objeción de conciencia.
  6. Se abre la vía a la intromisión en la intimidad del paciente mediante la creación de Comités de Ética Asistencial, cuyos miembros podrían ser elegidos arbitrariamente de acuerdo con criterios ideológicos y no exclusivamente técnicos.
  7. Vacía de contenido la libertad constitucionalmente garantizada de las instituciones religiosas asistenciales, que no podrán actuar conforme a sus principios éticos y religiosos, al obligarles a ser cooperadores obligados de pacientes que buscan el suicidio.
  8. Se utiliza un lenguaje claramente manipulado y manipulador de los sentimientos y emociones en relación con un momento vital tan importante como la muerte de una persona.

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