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Posts Tagged ‘NOTAS DE PRENSA’

Entrevista con la profesora Rosa Mª Satorras, una de las mayores experta en libertad de enseñanza

 

 Madrid, 18 de diciembre de 2008. En el marco de su campaña a favor de la objeción de conciencia frente a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, la asociación Profesionales por la Ética ha realizado una entrevista a Rosa Mª Satorras Fioretti, una de las mayores expertas de España en libertad de enseñanza. Es profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Barcelona, consultora de la Universidad Oberta de Cataluña, tutora en la UNED y autora de quince libros relacionados con su especialidad, entre ellos el manual universitario Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado, una publicación de referencia en el ámbito académico.

 

Este es el contenido de la entrevista:

  

1.   ¿Qué problema hay con las asignaturas de Educación para la Ciudadanía?

 

Para contestar a esta pregunta hay que saber primero cuál es nuestro marco educativo constitucional. En primer lugar, se establece que los padres tienen el derecho fundamental a escoger la formación, no sólo religiosa, sino también moral de sus hijos; igualmente, tienen el derecho a escoger centro docente público o privado, así como el tipo de educación que para ellos quieran; en segundo lugar, los particulares tienen el derecho a crear centros docentes con un ideario educativo propio (sea religioso, sea ideológico, etc.); y, en tercer lugar se preceptúa que en los centros públicos, al igual que en la legislación educativa en general, en un Estado aconfesional como en nuestro, y que reconoce la libertad religiosa e ideológica, la enseñanza debe ser tendencialmente neutral.

 

Por tanto, cuando los poderes públicos se extralimitan en sus funciones, incorporando a una asignatura contenidos claramente morales, sean del signo político que sean, porque hoy son unos, pero mañana podrían ser los contrarios, se rompe todo este equilibrio constitucional que llevábamos manteniendo en la actual etapa  democrática, y el sistema se quiebra por todas partes; se vulneran cada uno de  los derechos de la comunidad educativa, porque: se impide ejercer a los padres el derecho fundamental a la elección de la formación religiosa o moral de los hijos, así como la de su tipo de educación; se cercena el derecho de los particulares a crear centros docentes con un  ideario determinado, puesto que al final no podrán desarrollarlo o lo tendrán que contradecir (no olvidemos, que los centros concertados tienen naturaleza de privados, no de públicos, y que por ello participan de los derechos que la Constitución les otorga); e, igualmente, se quiebra el precepto constitucional que exige la neutralidad ideológica pública, porque si se opta por una postura, se están excluyendo las demás, lo que es incompatible con el principio de igualdad ideológica o religiosa.

 

2.   ¿Por qué objetan los padres a Educación para la Ciudadanía?

 

Porque quieren defender sus derechos fundamentales, porque la Constitución, tras muchos años de dictadura ideológica, les permite, de una vez por todas decidir la moral que inculcar a sus hijos y les otorga una zona de inmunidad frente a injerencias externas, tanto de terceros, como del Estado. Por fin son ellos los que deciden, y no los poderes públicos los que deciden por ellos, como si los menores de edad fuesen los padres, y no los hijos. Precisamente contra estas intromisiones públicas luchaba la Institución Libre de Enseñanza, que parece que inspira sólo de nombre toda esta cruzada ideológica.

 

3.   Jurídicamente, ¿cree Vd. que puede ser reconocida la objeción a Educación para la Ciudadanía?

 

No sólo lo creo, sino que lo sostengo doctrinalmente en mis publicaciones. La objeción de conciencia forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad religiosa e ideológica reconocido en el art.  16.1 de la Constitución. Si, en este caso, yo no puedo negarme a que las normas ideológicas se me apliquen, sencillamente no tengo libertad ideológica o de conciencia, sino mera libertad de expresión. Si el Estado puede hacer «normas morales» de obligado cumplimiento, es que no existe principio de igualdad religiosa o ideológica, es que nuestro Estado no es aconfesional. Cuando hacemos referencia a «aconfesional», no sólo estamos ante la imposibilidad de adoptar como oficial determinada confesión religiosa, sino ante la imposibilidad de establecer para la población normas morales de un signo determinado (aunque sean laicas).

 

4.   ¿Qué peculiaridades presentan las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en Cataluña?

 

En Cataluña, han adoptado el espíritu de los Reales Decretos nacionales, pero llevándolos a sus extremos. Lo que, personalmente, más me preocupa es que exijan de los niños, a la hora de ser evaluados de una asignatura curricular obligatoria, la asunción (no la comprensión o la expresión, sino la asunción) de todo un conjunto de ideas, planteamientos, principios y formas de actuación de contenido clarísimamente moral, que es el espacio de actuación de la familia o, en todo caso, de las escuelas con ideario propio en quienes delega la familia. No se trata simplemente de que los niños conozcan derechos y obligaciones democráticos, sino de que tomen postura sobre cuestiones morales e incluso religiosas en las que el Estado nada tiene que decir. A  mi entender, tal como están redactados los decretos catalanes conducen a la exclusión de toda postura trascendente en el individuo, porque convencen de que lo que no se puede alcanzar por la racionalidad y el pensamiento crítico, no puede ser asumible. Pienso que esta generación pagará un precio muy alto por estas incoherencias educativas si no se les pone freno.

 

 

 

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Tres nuevos autos judiciales de Guadalajara declaran a los alumnos exentos de cursar y ser evaluados de estas asignaturas
  
Madrid, 30 de octubre de 2008. Los objetores al conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía están de enhorabuena. Esta semana se dictaba la primera sentencia favorable en Aragón  pero hoy mismo se ha conocido que el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº 1 de Guadalajara acaba de dictar 3 Autos que estiman  las medidas cautelares solicitadas por los padres objetores. Se trata de una medida que exime a los alumnos de asistir y de ser evaluados de alguna de las asignaturas del Área Educación para la Ciudadanía; el fallo es provisional pero ampara a los alumnos hasta que se dicte sentencia.
 
Los citados Autos judiciales suspenden las resoluciones administrativas de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que denegaban la objeción de conciencia a los padres de los siguientes alumnos:
 
·         Dos alumnos de 4º de ESO de a los que les correspondía cursar Educación Ético-Cívica (el nombre que recibe Educación para la Ciudadanía en 4º de ESO).
·         Alumna de 2º de ESO del Colegio de los Hermanos Maristas a la que le correspondía cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Los Autos judiciales no entran a resolver  si existe o no derecho a la objeción (ese fallo corresponde a la sentencia) pero reconocen expresamente que los padres demandan objetar a Educación para la Ciudadanía «por poder constituir una vulneración de derechos fundamentales tales como el de educación (artículo 27 de la Constitución Española) o el de la libertad ideológica o religiosa (artículo 16 de la Constitución Española).

Finalmente, los fallos judiciales dictados en Guadalajara suspenden la obligatoriedad de que los alumnos «cursen o sean evaluados en las asignaturas englobadas bajo la denominación de Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Educación Ético-Cívica y Filosofía y Ciudadanía)». Además, el Juzgado ordena a la Administración adoptar medidas alternativas que posibiliten la presencia del alumno objetor en el centro escolar mientras sus compañeros reciben Educación para la Ciudadanía.

Es preciso recordar que en Castilla-la Mancha, todos los fallos judiciales han dado la razón, hasta el momento, a los objetores a Educación para la Ciudadanía. Así:

  •  El 27 de agosto pasado, un Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Albacete amparaba a 6 alumnos objetores.
  • El 18 de septiembre, un Auto del  Juzgado de lo Contencioso –Administrativo nº 2 de Albacete declaraba exentos de Ciudadanía a 52 alumnos.
  • El 24 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo emitía un Auto de medidas cautelares favorable a un alumno.
  • El 26 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca dictaba un Auto que amparaba el derecho a objetar de los padres de dos alumnos. La novedad de este fallo es que el magistrado aplicaba esta medida cautelar (exención provisional de asistencia y evaluación) al resto de objetores que hubieran iniciado procedimiento judicial en el citado Juzgado. Con esta medida, el Juzgado amparaba los derechos de 62 alumnos.

A todo esto, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con mayor número de objeciones presentadas a Ciudadanía ( 9 049 el 22 de septiembre, según Profesionales por la Ética). Las objeciones y los fallos judiciales inquietan a la Administración castellano-manchega, como demuestran  dos hechos:

  • El pasado mes de septiembre el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó una Instrucción por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma «oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal».
  • A mediados de octubre, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha difundió que un alumno de 4º de ESO de Talavera de la Reina que había sido declarado exento de Ciudadanía por Auto judicial había renunciado a la objeción. Este hecho ha sido desmentido por la madre del alumno y por la Plataforma de padres objetores de Talavera ¿XQTCALLAS?. Lo que se manifiesta es que el Gobierno castellanomanchego tiene que recurrir a infundios y manipulaciones para desacreditar y coaccionar a los padres objetores.

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SEVILLA, 7 DE FEBRERO DE 2008

Según el Ministerio de Sanidad, Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor crecimiento de la tasa de abortos en los últimos cuatro años. Profesionales por la Ética reclama medidas de apoyo a la mujer y transparencia a la Consejería de Salud.

La organización Profesionales por la Ética ha solicitado a los partidos políticos andaluces que presenten dentro de su programa electoral medidas que reduzcan la lacra social que es el aborto. El aborto es la segunda causa de defunción en Andalucía, ligeramente por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio y por delante del cáncer y de otras causas. Según los datos recientemente publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo relativos al año 2006 el número de defunciones por aborto en Andalucía fue de 18.581 (23% de las defunciones en nuestra Comunidad), situándose Andalucía en el tercer lugar tras Cataluña y Madrid.

La tasa de abortos se ha duplicado en Andalucía en los últimos ocho años, pasando de 5,16 a 10,46 por cada 1000 mujeres.

“No cabe mirar hacia otro lado. En una sociedad que se pretende desarrollada hay que encontrar una solución que no sea la muerte del más indefenso”, declara Miguel Gómez de Agüero, Presidente de Profesionales por la Ética en Andalucía.

Asimismo, esta organización denuncia que hace muy pocos meses el Parlamento Andaluz, ha rechazado una Iniciativa Legislativa Popular en favor del apoyo a la mujer embarazada. “La realidad ha vuelto a demostrar que los más débiles, el hijo y la mujer con problemas, son abandonados y las estadísticas son ocultadas o presentadas con una insensibilidad culpable”.

Por otro lado, solicitan a la Consejería de Salud que haga público el Protocolo profesional que siguen los centros de aborto de Andalucía.

“La opinión pública andaluza tiene derecho a saber cuáles son los pasos que siguen obligatoriamente estos centros abortistas, especialmente, ante la situación de fetos que siguen vivos tras el aborto”

El criterio generalizado entre los ginecólogos es que, en caso de que un feto dé muestras de vida, después de un aborto, es decir, si tiene respiración y frecuencia cardíaca debe ser reanimado por los profesionales que se encuentren presentes.

Profesionales por la Etica – Andalucía considera imprescindible una total transparencia en la normativa, seguimiento y control de estas entidades privadas, homologadas por la Consejería de Salud.

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SEVILLA, 6 de enero de 2007.

Según un estudio de Profesionales por la Ética en Andalucía, la inmensa mayoría de docentes considera a sus alumnos peor o mucho peor disciplinados, motivados, atentos y respetuosos con el profesor que hace un lustro.

Desde principios de la presente década, las actitudes positivas hacia el estudio entre los alumnos andaluces han caído en picado. Según un reciente estudio, así al menos piensan los profesores de esta comunidad, para los que el estudiante tipo ha empeorado sobremanera en aspectos como la disciplina, el respeto a la figura docente, la atención en clase o la motivación por el estudio.

Realizado por iniciativa de Profesionales por la Ética entre 1.100 trabajadores de Primaria y Secundaria en la Pública, la Concertada y la Privada, la encuesta atiende con bastante rigor a cuestiones de proporcionalidad, lo que, unido a lo abultado de sus resultados, permite obtener conclusiones ciertas.

El tema disciplinario y el respeto debido al profesor son los dos asuntos sometidos a estudio en los que se observa un empeoramiento más acusado. Para el 52 y el 42% de docentes, sus alumnos son respectivamente menos o mucho menos disciplinados que hace un lustro.

También respetan menos (51%) o mucho menos (40%) a sus docentes que cinco años atrás. En este sentido, el porcentaje de profesores que considera que ahora reciben más respeto que en 2001 no suma ni siquiera un 1%.

En cuanto a motivación por el estudio, sólo un 2% cree que ésta ha mejorado, mientras que las respuestas que apuntan hacia una evolución negativa (peor o mucho peor) se van hasta el 86%.

En líneas generales, los profesores andaluces califican la situación de la Educación en su comunidad con un 4,2 (escala 0-10).Por su parte, el apoyo recibido por el profesorado de la Administración se queda en un escuálido 3,1.

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Madrid, 3 de noviembre de 2007.

Dos meses después de su implantación en siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra y Principado de Asturias), la asignatura Educación para la Ciudadanía sigue dando motivos a los padres para objetar en conciencia y negarse a que sus hijos acudan a esta clase de moral impuesta por el Gobierno.

Así, en un instituto de educación secundaria de la provincia de Granada, en clase de Educación para la Ciudadanía para 3º de ESO, se habló de educación afectivo-sexual (uno de los contenidos de la asignatura). Ante una pregunta de una alumna, la profesora recomendó a los alumnos tener relaciones con personas de todos los sexos para poder elegir el género que uno elija. En otro instituto, también andaluz, un grupo de alumnos de 14 años se sale de clase acompañando a un alumno objetor porque se sienten violentos ante las preguntas que el profesor les hace, planteándoles cuestiones de carácter estrictamente personal e íntimo.

Estos son solo dos ejemplos de cómo Educación para la Ciudadanía, lejos de tratar sobre la Constitución y el sistema político español, se introduce de lleno en la educación moral de los alumnos.

En un breve informe, Profesionales por la Ética explica los datos de objeciones de las que ha tenido noticia en el período abril-noviembre de 2007. En síntesis, el informe recoge los siguientes datos:

Frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía se han producido casi 21 000 objeciones de conciencia, es decir declaraciones escritas de padres, presentadas en los centros educativos o en las Consejerías de Educación. Los datos han sido recogidos por el Observatorio para la Libertad de Conciencia y 17 plataformas, colectivos y asociaciones de padres y ciudadanos que se están movilziando por toda España.

De las 21 000 objeciones, Profesionales por la Ética ha analizado 19 046 y ha publicado la distribución de las objeciones por provincias y comunidades autónomas. Entre estas últimas, sobresale Castilla-La Mancha (6 228 objeciones), Comunidad de Madrid (4 862), Andalucía (3 786) y Región de Murcia (1 875).

El Gobierno y las administraciones educativas a menudo no reconocen los datos de objeciones porque no quieren tomar conciencia del problema o porque desconocen los datos reales debido a que los colegios e institutos no notifican a las consejerías que han recibido declaraciones de objeción de conciencia. Con esta omisión, los centros educativos obstaculizan un derecho constitucional de los padres y ocultan información relevante a la Administración.

Los datos proporcionados por www.hazteoir.org demuestran que se han presentado declaraciones de objeción de conciencia en 255 centros educativos de toda España. En el Anexo del Informe se adjunta la relación completa de centros y la localidad en la que se encuentran.
En opinión de Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción de Profesionales por la Ética, las objeciones superan, con seguridad, las 21 000 pero la cifra exacta no la podemos dar porque hay muchos padres que objetan y no lo hacen público; también hay padres, sobre todo de las comunidades autónomas en las que se está impartiendo Educación para la Ciudadanía, que objetan con el curso ya empezado, al ver los libros de texto o al conocer los verdaderos contenidos de la asignatura.

Profesionales por la Ética continúa desarrollando una intensa campaña a favor de la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía mediante charlas informativas (ha impartido 230), distribución de la guía informativa Los padres elegimos (90 .000 ejemplares) y la formación de conferenciantes (80 personas formadas).

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MADRID, 2 de mayo de 2008.

En Castilla y León, los valores impresos en el programa de Educación para la Ciudadanía gozan de una Administración receptiva y solícita. La Junta gobernada por el PP no sólo ha abrazado la asignatura, sino que fomenta activamente su cosmovisión entre los más pequeños. Lo último ha sido patrocinar y repartir en las bibliotecas de los colegios el cuento El amor de todos los colores, cuya protagonista se presenta así: “Mi familia es genial. Mi familia somos: Mamá, Mami, yo, y el amor de todos los colores”.

 

El libro ha sido editado por Topka y su distribución lleva el sello de la Junta de Castilla y León, dentro de su Plan de Fomento de la Lectura en Centros Educativos de la región.

Según denuncia Profesionales por la Ética, “en las últimas semanas las bibliotecas” de los colegios públicos “han recibido decenas de ejemplares” de El amor de todos los colores.

Entre otras ilustraciones de la familia “genial”, el volumen incluye una que representa a las dos mamás retozando en la cama como cualquier matrimonio. La historia que se cuenta es “el amor de todos los colores de Maite –la niña protagonista” y sus mamás”. Este hogar “genial” nació “cuando Mami conoció a Mamá”.

El libro forma parte de la colección Tcuento, escrita para niños de entre 4 y 6 años. El propósito de Topka, la casa editora, es “educar a los niños en la diversidad y la convivencia” a través de cuentos “que muestren niños de todo tipo haciendo todo tipo de cosas”.

Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, ha comentado que “la cuestión no es tanto el cuento infantil, habitual en librerías de temática homosexual, sino el hecho de que el dinero público se destine a promover entre los niños un modelo de supuesta convivencia matrimonial sin conocimiento ni aprobación de la mayoría de los padres”.

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MADRID, 15 de mayo de 2008.

La sentencia del TSJA confirma de nuevo la naturaleza ideológica de Educación para la Ciudadanía, constituye un importante refuerzo de la posición de los padres objetores y obliga a todas las Administraciones educativas insensibles a la libertad educativa a modificar su actitud de rechazo a la objeción de conciencia.

La declaración de nulidad de aspectos como la ideología de género y la homosexualidad -tratados favorablemente en las órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 10 de agosto de 2007 por las que se desarrollan los contenidos de la materia correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria-, evidencia la legitimidad que ofrece nuestra democracia para no compartir las doctrinas oficiales que subvierten las convicciones de millones de ciudadanos.

De enorme trascendencia es la llamada que hace al Tribunal Supremo para que, mediante cuestión de ilegalidad, conozca y resuelva sobre los Reales Decretos de enseñanzas mínimas aprobados por el Ministerio. El mero planteamiento de esta cuestión es prueba de que la naturaleza ideológica de Educación para la ciudadanía es genética, de modo que si son ideológicamente inaceptables las normas autonómicas andaluzas, se ha de sostener que también lo son los Reales Decretos en los que éstas se fundan, y cuyos principios y contenidos incorporan.

Algunos de los párrafos más significativos de la sentencia son:

Carácter ideológico y no neutral de los Reales Decretos de Primaria y ESO

“(…) ese límite que exige el principio de neutralidad ideológica sí se rebasa en esos Reales Decretos porque la regulación que ofrecen revela a las claras que se está más allá de transmitir los valores de “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” recogidos en la Constitución, sobrepasando lo que sea una enseñanza teórica y práctica de “los principios democráticos de convivencia”. (Fundamento Jurídico 8º).

Obligada neutralidad ideológica del Estado

“Sostener que “el pleno desarrollo de la personalidad” (art. 27.2 de la C.E.) faculta a los poderes públicos a tomar partido definiendo cuestiones morales o ideológicas y evaluando a los niños y jóvenes de su adhesión personal a tales postulados, constituye una ilícita invasión que hace la norma jurídica a campos o disciplinas que le son extraños: Son realidades diversas el Derecho y la Moral (o la Ética) por más que, como la Filosofía, se puedan expresar todas ellas con un lenguaje axiológico.” (Fundamento Jurídico 10º).

Decretos autonómicos 230/2007 y 231/2007, y las Órdenes dictadas en su desarrollo vulneran libertad ideológica y religiosa de los padres

“La transcripción necesaria de esta ardua y prolija regulación jurídica de la materia (…) muestra de una lectura detenida la elaboración de un tratado o corpus de lo que es el individuo y de lo que debe ser, una construcción ideológica de la persona más o menos acabada pero sí global o integral (desde lo más personal), en la programación de una enseñanza por parte de las Administraciones Públicas que es obligatoria para todos los escolares, dirigida explícitamente a la formación “moral” de los alumnos, lo cual violenta la libertad ideológica y religiosa de las personas y el mismo principio del pluralismo político constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (ex art. 1.1 y 16 de la C.E.). (Fundamento Jurídico 10º).

Derechos Humanos

“La afirmación de que los derechos humanos dependen del contexto, o de la coyuntura histórica, y son susceptibles de ser creados o de ser destruidos, es un postulado ideológico (no jurídico) que, como tal, no está incorporado en la norma constitucional”. (Fundamento Jurídico 10º).

Ideología de género

“No hay, pues, meramente una nueva terminología, sino la elaboración de una teoría de la identidad humana en la que el concepto “género”, distinto del de “sexo” al que se refiere la Constitución, tampoco es sinónimo o identificable con el de “orientación sexual” (Fundamento Jurídico 10º).

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